Un grupo de personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad Penitenciaria N°5 de Villa María envió una carta pública a Soy Villa Nueva en la que denuncian graves desigualdades en el accionar del Poder Judicial de Córdoba y exponen lo que consideran un sistema de privilegios en el otorgamiento de libertades y fianzas para personas con poder político, sindical o institucional.
El documento, firmado por 169 internos, describe una situación que califican como intolerable. Según relatan, mientras muchos detenidos permanecen meses privados de su libertad sin que se resuelvan sus pedidos de excarcelación, prisión domiciliaria o libertad condicional, otros imputados accedieron rápidamente a la libertad mediante el pago de fianzas, incluso en causas de alto impacto público.
En la carta, los firmantes advierten sobre demoras reiteradas e injustificadas en la revisión de expedientes y en la resolución de solicitudes presentadas por personas sin notoriedad pública. Aun en causas de menor daño social, denuncian que los planteos ni siquiera son analizados en plazos razonables.
Esa situación, sostienen, contrasta de manera evidente con determinados casos que habrían recibido un trato judicial diferencial. Según la información expuesta en el escrito, entre los expedientes que habrían sido favorecidos con resoluciones ágiles se mencionan los vinculados a Alicia Peressutti, Martín Gill, Diego Sobrino, el dirigente sindical Héctor Macarini, el comisario Diego Ibañez y los policías Pucci y Vilchez.
De acuerdo a la denuncia, estas personas obtuvieron la libertad bajo fianza en tiempos sensiblemente menores que otros imputados en condiciones comparables. Para los firmantes, estas concesiones rápidas contrastan con la prolongada espera, las negativas sistemáticas y la falta de respuestas que padecen otros detenidos alojados en la misma unidad penitenciaria.
Los internos sostienen que esta disparidad configura una vulneración directa del principio de igualdad ante la ley. En ese marco, exigen que la Justicia informe públicamente cuáles son los criterios objetivos que se utilizan para conceder libertades y fianzas.
También reclaman que se publiquen estadísticas oficiales sobre la cantidad de pedidos presentados, otorgados y rechazados, y que cada resolución sea debidamente fundamentada por escrito, con plazos claros y verificables.
El documento solicita además que el órgano de control competente investigue de oficio o a pedido de parte posibles irregularidades administrativas o funcionales que expliquen las diferencias de trato observadas. En el mismo sentido, rechaza de manera explícita cualquier beneficio judicial otorgado por motivos de poder, contactos o notoriedad pública.
Lejos de plantear una intromisión en la independencia judicial, los firmantes aclaran que su reclamo apunta al cumplimiento efectivo de garantías constitucionales básicas como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, principios que —afirman— hoy no se aplican de la misma manera para todos.
Hasta el momento, no hubo respuestas públicas por parte del Poder Judicial ni de los funcionarios y personas mencionadas en la carta. Los internos solicitaron que los magistrados atiendan el reclamo y brinden explicaciones públicas en un plazo máximo de diez días hábiles.
La denuncia, respaldada por decenas de firmas desde el interior de una cárcel, vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial cordobés y reabre una pregunta incómoda: si la Justicia es la misma para todos o si, como sostienen quienes hoy están presos, existe una vara distinta cuando el acusado tiene poder.