Las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de Villa María dejaron algo más que un resultado. También expusieron una discusión que trasciende las urnas: cómo reaccionan quienes ocupan posiciones de influencia cuando son cuestionados por jóvenes que recién comienzan a participar en la vida política universitaria.
La agrupación Construyendo Sociales, integrada por estudiantes que se presentaron como una alternativa al oficialismo universitario, decidió cuestionar públicamente aspectos del proceso electoral. Entre otros puntos, denunciaron presuntas irregularidades en el padrón y difundieron imágenes de Lucas Accastello, actual secretario de Juventud de Villa María e hijo del intendente Eduardo Accastello y de la funcionaria provincial Nora Bedano, participando de la votación.
A partir de allí, la discusión dejó de ser electoral para convertirse en un debate sobre la libertad de expresión y el ejercicio del poder.
La respuesta del funcionario no tardó en llegar. A través de redes sociales explicó que, además de ser egresado de Ciencia Política, actualmente cursa la Licenciatura en Comunicación y que previamente había verificado su inclusión en el padrón universitario. Hasta allí, una aclaración razonable.
Lo que llamó la atención fue el resto del mensaje.
Accastello sostuvo que filmarlo y publicar su imagen sin su consentimiento constituía una violación al artículo 53 del Código Civil y Comercial y calificó la difusión del video como una actitud “facha y milica”.
Resulta difícil no advertir la contradicción. Un funcionario público que participa de una elección universitaria pretende dar lecciones de democracia mientras acusa de “fachos” y “milicos” a estudiantes que ejercen algo tan básico como cuestionar al poder.
Precisamente por tratarse de un dirigente que creció políticamente en una de las familias con mayor influencia en la vida pública de Villa María durante las últimas décadas, llamó aún más la atención la virulencia de su respuesta frente a un grupo de estudiantes que recién comienza a involucrarse en la política universitaria.
Porque cuando jóvenes universitarios realizan preguntas incómodas, la respuesta no debería ser la descalificación. Cuando aparecen dudas sobre un proceso electoral, la reacción saludable es explicar, aclarar y transparentar. No intimidar. Ni desacreditar. Tampoco exhibir superioridad.
Más aún cuando el propio funcionario intentó respaldar sus críticas invocando erróneamente el artículo 53 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, esa interpretación está lejos de ser pacífica. La norma no prohíbe automáticamente la publicación de imágenes cuando existe interés público o cuando la persona participa de un hecho de relevancia pública. Su aplicación depende de las circunstancias concretas de cada caso. Presentarla como una infracción indiscutible resulta, cuanto menos, una interpretación discutible y amenazante.
Según pudo conocer Soy Villa Nueva, docentes de la propia universidad manifestaron malestar por la reacción del funcionario y cuestionaron lo que consideran una actitud prepotente frente a jóvenes que simplemente expresaron críticas y cuestionamientos políticos.
Porque en democracia las preguntas no se responden con descalificaciones. Y mucho menos cuando quien la formula no es un adversario poderoso sino un grupo de jóvenes que está dando sus primeros pasos en la política universitaria.
Tal vez el verdadero problema no sea el video. Tal vez el problema sea que una nueva generación decidió dejar de aplaudir oficialismos y empezó a cuestionar.
Y cuando el poder se molesta más por quien filma que por las preguntas que se le hacen, suele quedar expuesto algo mucho más profundo: la dificultad para aceptar que nadie tiene coronita.
La universidad necesita más debate y menos soberbia. Más argumentos y menos amenazas juridicas. Más tolerancia a la crítica y menos reflejos de poder.
Porque cuestionar al poder no es una actitud “fascista”. Todo lo contrario. Es una de las expresiones más elementales de la democracia.