Hay fotografías que documentan un hecho. Y otras, que generan interrogantes. La imagen que mostró al juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja junto al intendente de Villa María, Eduardo Accastello, pertenece a esta segunda categoría.
La reunión tenía un motivo institucional: avanzar en mecanismos de colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense en una investigación vinculada a enterramientos clandestinos. Sin embargo, la difusión de la fotografía por parte de Accastello, despertó preguntas inevitables. No tanto por el objeto del encuentro, sino por los antecedentes políticos y judiciales que rodean a uno de sus protagonistas.
Ante la consulta periodística formal, fue el propio juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja quien respondió a través de su juzgado. Y lo hizo con una precisión jurídica que merece ser destacada.
En primer lugar, aclaró que Eduardo Accastello nunca estuvo imputado -desde Soy Villa Nueva nunca realizamos tal afirmacion- en la causa CBI, expediente caratulado “Rodrigo, Eduardo Daniel y otros s/asociación ilícita”. La afirmación busca despejar una confusión frecuente en el debate público, donde muchas veces se mezclan menciones, investigaciones, expedientes derivados e imputaciones formales como si fueran una misma cosa. Y no lo son.
Sin embargo, la respuesta judicial también confirma la existencia de una investigación derivada de aquella causa, vinculada a los 290.000 dólares hallados en una caja de seguridad durante un allanamiento realizado en la financiera CBI en agosto de 2014, a nombre de Fernado Enrique Boldú y con acceso autorizado a Eduardo Accastello y a su esposa Verónica Navarro Alegre.
Según explicó Vaca Narvaja, la acción penal fue promovida por el fiscal Enrrique Senestrari, exclusivamente contra Boldú por presunto lavado de activos. De hecho, Boldú fue procesado por su juzgado en julio de 2022. Posteriormente, en noviembre de 2023, la Cámara Federal de Córdoba revocó ese procesamiento y ordenó profundizar la investigación.
El dato más relevante aparece después.
El 27 de junio de 2025, Vaca Narvaja dictó el sobreseimiento de Boldú. Pero no porque se hubiera acreditado judicialmente el origen legal de los 290 mil dólares. Lo que explicó es que la acusación de lavado ya no podía mantenerse porque el delito previo que la sustentaba había dejado de existir jurídicamente.
¿Y por qué dejó de existir?
Porque el 21 de mayo de 2025 el polemico juez federal Daniel Rafecas, en la causa “Fatala, Abel y otros s/averiguación de delito” (Expte. 6773/16), resolvió sobreseer a Abel Fatala, Nelson Periotti, Edgar Bernaus, Carlos Rodolfo De Falco, Eduardo Accastello, Verónica Navarro Alegre, Julio De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner y Aníbal Fernández.
Según recuerda Vaca Narvaja en su respuesta, Rafecas concluyó que los hechos investigados “no constituyen delito”, dejando expresa constancia de que la formación de la causa “en nada afecta el nombre y honor” de los involucrados.
Sin embargo, allí aparece un matiz que no resulta menor.
El propio juez informa que ese sobreseimiento fue apelado tanto por el fiscal federal Enrique Senestrari como por la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante. La causa fue elevada a la Cámara Federal de Apelaciones el 25 de julio de 2025 y, según la respuesta oficial, todavía no existe una resolución definitiva.
Es decir, existe una decisión judicial favorable a los mencionados ex funcionarios y dirigentes, pero esa resolución continúa bajo revisión.
Hay un dato de contexto que no pasa inadvertido y que aporta un elemento, cuanto menos, escandaloso: en julio de 2025, Accastello agasajó en el Salón Blanco de la Municipalidad de Villa María al presidente del tribunal, Abel Sánchez Torres, uno de los jueces que deberá pronunciarse sobre esta controversia que tiene como involucrados al propio intendente y a su esposa Verónica Navarro.
El magistrado y su pareja, la camarista Graciela Montesi, son investigados por los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, bajo la sospecha de que manipularon el sistema para fallar juntos, a dúo, en causas “de mucha plata”. La lupa del Ministerio Público Fiscal está puesta sobre los bienes de la pareja. Y su futuro es incierto.
Hasta allí, la explicación judicial es detallada y extensa.
La cuestión institucional, en cambio, fue escueta.
La pregunta más sensible formulada al magistrado no estaba relacionada con expedientes ni resoluciones judiciales. Era otra: si consideraba que la fotografía junto al intendente Accastello podía generar cuestionamientos públicos respecto de la apariencia de imparcialidad de la Justicia, teniendo en cuenta los antecedentes y debates públicos que durante años rodearon aquellas investigaciones.
La respuesta textual de Vaca Narvaja fue breve:
“Las consideraciones sobre las fotografías las puede hacer cualquier persona.”
La frase tiene una virtud y una limitación.
La virtud consiste en evitar que un juez ingrese en una discusión política. La limitación es que deja sin respuesta el interrogante de fondo.
Porque el problema nunca suele ser la imparcialidad real de los jueces. El problema es la percepción pública de esa imparcialidad.
La independencia judicial no sólo debe existir; también debe proyectarse hacia la sociedad de manera visible y transparente. Especialmente en una época donde la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa niveles históricamente bajos.
Vaca Narvaja también aclaró otro aspecto relevante: los juzgados federales no celebran convenios con municipios u otras instituciones. Según explicó, cualquier eventual acuerdo de colaboración sería entre el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Municipalidad de Villa María, no con el Poder Judicial.
Finalmente, el magistrado reveló el motivo concreto del encuentro con el intendente. Según informó, en la causa por enterramientos clandestinos fueron identificadas personas pertenecientes a familias radicadas en Villa María —las familias Mónaco y Felipe— y, a partir de ello, Accastello ofreció colaborar con el Equipo Argentino de Antropología Forense mediante un eventual convenio institucional.
No surge de la respuesta ningún elemento que permita inferir irregularidades en esa reunión. Tampoco existe, a la luz de lo informado por el propio juez, vínculo alguno entre el encuentro institucional y las investigaciones judiciales mencionadas.
Sin embargo, la discusión abierta por la fotografía probablemente exceda a sus protagonistas.
Porque en política, en justicia y en la vida pública, las imágenes suelen transmitir mucho más que aquello que muestran. Y cuando se trata de instituciones cuya legitimidad depende de la confianza ciudadana, las formas no son un detalle menor: forman parte del mensaje.
Por eso, más allá de los expedientes, los sobreseimientos, las apelaciones y las aclaraciones jurídicas, la pregunta que permanece no es estrictamente judicial. Es institucional.
Y es una pregunta que, como sugirió el propio Vaca Narvaja, cada ciudadano responderá según su propia mirada.