Villa María tiene doce concejales. Siete responden sin fisuras al intendente Eduardo Accastello. Los otros cinco fueron elegidos para ejercer una función tan necesaria como elemental en cualquier democracia: controlar al poder.
Sin embargo, a esta altura, para muchos vecinos resulta difícil distinguir dónde termina el oficialismo y dónde empieza la oposición.
Los nombres están claros. Del lado del gobierno municipal se sientan Juan Pablo Inglese, Yaslin Oses, Patricia Heredia, Diego Olivero, Celeste Curetti, José María Cativelli y Silvina Irusta. En la vereda de enfrente deberían estar Pablo Perret, Felipe Botta, Evelyn Acevedo, Natalia Gonzáles y Manuel Sosa.
Decimos “deberían” porque, en los hechos, la oposición parece haberse tomado licencia.
Mientras los concejales cobran dietas que rondan los 4.1 millones de pesos mensuales, cuentan con asesores, secretarias, colaboradores, cafetería y otros beneficios financiados por los contribuyentes, los grandes escándalos que sacuden a la ciudad pasan por delante de sus narices sin generar la más mínima reacción institucional.
En los últimos meses salieron a la luz situaciones que, en cualquier ciudad donde exista una oposición activa, habrían provocado pedidos de informes, interpelaciones, sesiones especiales y denuncias formales.
Uno de esos casos es el de la cooperativa vinculada a Juan Scibaldi, que facturó más de 606 millones de pesos al municipio en pocos meses, gran parte mediante contrataciones directas. Entre ellas aparece el pago de 10 millones de pesos por un flete de apenas diez kilómetros. A eso se suman denuncias penales acumuladas y antecedentes de actuaciones similares en Villa Nueva.
Nada de eso pareció despertar el interés de los concejales opositores.
Pero el silencio se volvió todavía más ensordecedor cuando se conoció que personas vinculadas a dos ex funcionarios condenados por delitos sexuales aparecen relacionadas con contrataciones públicas por más de 254 millones de pesos. Uno de ellos, Jorge “Pampero” Barrera, cumple actualmente una condena de 12 años de prisión. La otra es la ex concejala Verónica Vivó, condenada en una causa vinculada a esos mismos hechos.
La gravedad institucional del asunto ameritaba, como mínimo, una reacción política. No ocurrió.
Y aquí es donde aparece el verdadero problema. No se le puede pedir al oficialismo que investigue al oficialismo. Para eso existe la oposición. No para grabar videos inconducentes en redes sociales, ni para hacer denuncias mediáticas que terminan diluyéndose en el aire. Existe para controlar, exigir explicaciones y representar a los vecinos cuando el poder deja más preguntas que respuestas.
Accastello puede avanzar sin mayores sobresaltos porque enfrente no encuentra resistencia política seria. Encuentra silencio. Encuentra comodidad. Encuentra simulación.
Lo paradójico es que varios de quienes hoy ocupan esas bancas ya comenzaron a posicionarse como futuros candidatos a intendente. Pretenden gobernar una ciudad que ni siquiera parecen dispuestos a controlar desde el lugar para el que fueron elegidos.
Y esa, quizás, sea la noticia más preocupante de todas.