En medio del conflicto docente con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, el foco se desplazó de los salarios a la infraestructura escolar. Y lo hizo con una cifra difícil de relativizar: más de $120.000 millones aprobados para obras y reparaciones que, según la oposición, no se reflejan en las aulas.
La presentación se realizó en la Legislatura provincial, donde tribunos de cuentas y dirigentes del Frente Cívico de Córdoba expusieron ante bloques opositores. El tribuno Beltrán Corvalán, acompañado por Fernanda Leiva, puso el número sobre la mesa: más de 170 expedientes aprobados vinculados a infraestructura escolar.
El dato es concreto. La incógnita, también. Si los fondos fueron autorizados por el propio Tribunal de Cuentas, ¿por qué persisten escuelas con problemas edilicios severos?
Corvalán no esquivó la conclusión: “Vinimos a exponer la cantidad de plata que se ha aprobado para reparar colegios y el estado lamentable en el que están”. La frase no apunta solo a la incomodidad de paredes descascaradas o techos con filtraciones. Apunta a algo más delicado: el riesgo. “Puede haber algún tipo de accidente”, advirtió.
El contexto agrava el cuadro. Mientras el gobierno de Martín Llaryora cerro ayer el frente gremial, la oposición instala otra discusión: la trazabilidad del gasto público.
Desde el juecismo, la respuesta fue escalar el conflicto. Anunciaron que avanzarán con una denuncia penal contra el ministro de Educación para que la Justicia investigue el destino de los fondos. No se trata solo de cuestionar la gestión: buscan determinar si hubo irregularidades en la ejecución.
Hubo, además, un detalle menor en apariencia pero significativo en la forma: los denunciantes señalaron que no se les asignó una sala adecuada en la Legislatura para exponer. En política, los gestos también hablan. Y este, según interpretaron, sugiere que el tema incomoda.
La discusión, en definitiva, ya no es cuánto dinero se destina a la educación. La pregunta que empieza a tomar forma es otra: qué pasó con ese dinero.