Cuando la Justicia concede impunidad, el descontrol es inevitable. Lo ocurrido este martes en Villa María expone cómo la inacción judicial permite conductas violentas que deberían ser prevenidas y sancionadas.
Mariela “la chilena” Olivares denunciada por maltrato animal ante la Fiscalía a cargo de Juliana Companys, protagonizó un grave episodio en una vivienda de calle Tucumán. Acompañada por su abogada, Rocio Caballero, amenazó y agredió a tres personas e intentó entrar por la fuerza, ignorando la muerte de Uriel, cuyo estado crítico había sido denunciado, justamente en la fiscalía de Companys.
En lugar de investigar el maltrato del perro, ordenó un allanamiento contra la mujer que intentó salvar al animal, aun cuando Uriel no fue robado, sino entregado voluntariamente por Olivares, hecho que esta acreditado.
Olivares convocó dos patrulleros con ocho efectivos, uno defendiendo su postura. La dueña de la casa invitó a constatar que el perro no estaba allí, pero los policías se negaron pese al consentimiento, alegando falta de una orden judicial.
Además, “la chilena” Olivares aseguró ante los policías presentes, haber pagado a un hombre para seguir a la rescatista de Uriel y obtener información -falsa- de su paradero. Lejos de reconocer su error, respondió con insultos y amenazas.
El cuadro se agrava al considerar que Olivares está en libertad condicional, acusada junto a su hijo —detenido en la UP5— de participar en una causa de trata de personas, por la que estuvo presa hasta fines de 2025.
Una persona con una seria imputación por supuesta trata y denunciada por maltrato animal probado, amenaza a tres ciudadanos y con cobertura policial: ¿donde se vio esto?
La fiscal Juliana Companys sigue sin adoptar medidas concretas que garanticen justicia y sentido común. Este episodio refleja, sin duda, una Justicia que mira para otro lado y habilita la impunidad.