La Universidad Nacional de Villa María adjudicó la Licitación Pública Nº 1/2025 para el mantenimiento de espacios verdes por $141.827.138,76 a Gustavo Marcelo Ippolito. La decisión fue aprobada mediante la Resolución Rectoral Nº 701/2025, que lleva la firma del rector Luis Negretti, y la Orden de Compra Nº 93/2025, con una duración de doce meses.
Participaron cuatro oferentes. Ippolito presentó la oferta más baja. La Cooperativa de Trabajo 12 de Noviembre Ltda. fue declarada inadmisible por incumplimientos tributarios. Parquizarte VM S.A. quedó relegada por “inconveniencia presupuestaria”. Aren S.A.S. presentó la oferta más alta. La Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el contrato a Ippolito por considerar que su propuesta era la más conveniente técnica y económicamente.
Hasta allí, lo que dice el expediente.
El nombre del adjudicatario no pasa inadvertido.
En 2022, Gustavo Marcelo Ippolito era apenas un empleado de la empresa que realizaba el mantenimiento de la costanera durante la gestión de Martín Gill. Esa firma la fiscal Juliana Companys se la adjudicaba a Jorge “Pampero” Barrera, en una investigacion que lo tenia imputado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La causa nunca avanzó.
Cuatro años después, aquel empleado de perfil bajisimo y amigo de “Pampero” aparece al frente de una empresa que obtiene un contrato por casi 142 millones de pesos de la Universidad Nacional de Villa María.
No es el único.
Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, Ippolito le facturó $144.616.512 a la Municipalidad de Villa María conducida por Eduardo Accastello. Sumadas ambas contrataciones, no da cerca de 287 millones de pesos provenientes de organismos públicos en menos de un año.
Durante el proceso licitatorio surgieron muchos cuestionamientos. Todos ellos, silenciado por el reparto discrecional de pauta oficial.
Empresarios que participaron de la compulsa, y que solicitaron preservar su identidad, sostienen que el procedimiento habría favorecido desde el inicio al adjudicatario. Ninguno aportó hasta el momento pruebas documentales que respalden esa afirmación. Sin embargo, las objeciones obligan a formular preguntas que la documentación administrativa no responde.
¿Cómo se confeccionó el presupuesto oficial? ¿Qué criterios utilizó la Comisión Evaluadora para ponderar la capacidad técnica de cada oferente? ¿Por qué una empresa fue considerada presupuestariamente inconveniente y otra resultó la mejor opción? ¿Quién controla el cumplimiento efectivo de un contrato de más de 141 millones de pesos?
El contexto también forma parte de la historia.
Jorge “Pampero” Barrea, cumple una condena de doce años de prisión por abuso sexual en la UP5 de barrio Belgrano de Villa María. Mientras Verónica Vivó fue condenada como partícipe necesaria en la misma causa y posteriormente recuperó la libertad porque la sentencia aún no se encuentra firme. Ninguna de esas condenas alcanza, por sí sola, para establecer responsabilidad alguna sobre terceros. Pero el recorrido de Ippolito —de empleado de la empresa que la Fiscalía se la djudicaba Barrera a adjudicatario de contratos públicos millonarios— explica por qué esta licitación despierta un interés público que excede un simple trámite administrativo.
Los expedientes muestran quién ganó la licitación.
Lo que todavía falta explicar es cómo un hombre que hace cuatro años era empleado de la empresa investigada por la Fiscal Companys terminó concentrando contrataciones estatales cercanas a los 287 millones de pesos entre la Municipalidad y la Universidad.
Esa respuesta no la encontramos en los papeles. La deben dar quienes administran los recursos públicos. En este caso el intendente Eduardo Accastello y el rector de la UNVM Luis Negretti.