Hay una pregunta que muchos vecinos de Villa María comienzan a hacerse: ¿qué producen realmente Manuel Sosa y Maximiliano Romero además de denuncias para la tribuna, entrevistas y conferencias de prensa?
La inquietud no es menor. Ambos ocupan cargos públicos de relevancia institucional y perciben dietas que superan los cuatro millones de pesos mensuales. Frente a semejante responsabilidad, resulta razonable exigir resultados concretos, investigaciones propias y un control efectivo sobre la administración municipal.
Sin embargo, la sensación que dejan sus últimas apariciones públicas es otra. Mucha exposición mediática. Mucha indignación. Muchos títulos. Pero pocas respuestas.
La reciente entrevista de Manuel Sosa al Canal C20 Villa María sobre la presunta pérdida patrimonial de 5.500 millones de pesos es un buen ejemplo. Durante varios minutos habló de denuncias, preocupaciones, auditorías y sospechas. Pero no presentó un solo dato nuevo. No reveló documentación inédita. No identificó responsables. No expuso movimientos financieros. No aportó elementos que permitieran avanzar en la comprensión del caso.
El mensaje, en definitiva, fue el mismo de siempre: “que investigue la Justicia”.
Los vecinos no pagan dietas millonarias para escuchar relatos de indignación permanente. Las pagan para que quienes ocupan esos cargos investiguen, controlen y produzcan información útil para la comunidad.
La política local corre el riesgo de transformarse en una puesta en escena donde algunos dirigentes parecen más preocupados por sostener su presencia mediática que por construir una alternativa de gobierno creíble.
Y allí aparece otro interrogante que sobrevuela el escenario electoral. Mientras Eduardo Accastello se encamina a su quinto mandato no consecutivo, Manuel Sosa parece decidido a consolidar un espacio propio dentro del peronismo disidente. Una estrategia legítima, sin dudas. Pero que podría terminar fragmentando el voto opositor y facilitando, una vez más, el triunfo de Accastello.
No sería la primera vez que una candidatura termina siendo más funcional al adversario que a quienes pretende representar.
Villa María necesita una oposición firme, rigurosa y preparada. Una oposición que investigue antes de hablar. Que aporte pruebas antes de acusar. Que controle antes de hacer marketing político.
Porque cuando la política se reduce a denuncias repetidas, conferencias de prensa y escándalos semanales, el control institucional deja de ser una herramienta para los ciudadanos y se convierte en un simple espectáculo.
Y los vecinos ya han visto demasiados espectáculos de Sosa y Romero.