La semana pasada adelantamos algunas pistas sobre la identidad del “Enigmático de la Semana”. Sin embargo, decidimos esperar unos días antes de publicar su nombre. No fue por prudencia política ni por temor a las presiones de siempre. Fue porque faltaba documentación.
Y conseguir documentación pública en Villa María se ha convertido en una verdadera odisea. El Boletín Oficial suele publicarse tarde, la plataforma de Datos Abiertos permanece desactualizada y algunos concejales que deberían controlar al poder parecen más interesados en proteger determinadas relaciones que en facilitar información a los vecinos. En algunos casos, los vínculos políticos y personales terminan pesando más que la transparencia.
Dicho esto, ahora sí, podemos revelar la identidad.
El hombre que en pocos meses recibió contrataciones públicas por más de 254 millones de pesos se llama Gustavo Marcelo Ippolito. Ex empleado de una firma dedicada al mantenimiento de espacios verdes, que realizaba tareas en la costanera para la Municipalidad de Villa María durante la gestión de Martín Gill y, según la fiscal Juliana Companys, pertenecia a Barrera. Por ese motivo, en 2022 lo imputó por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en una causa por corrupción que nunca avanzó.
Según la documentación a la que accedió este medio, Ippolito le facturo a la Municipalidad de Villa María, conducida por Eduardo Accastello, un total de $112.539.448 en apenas siete meses. En términos sencillos, más de 16 millones de pesos mensuales provenientes de fondos públicos.
Pero esa cifra representa apenas una parte de la historia.
El 28 de agosto de 2025, la Universidad Nacional de Villa María, bajo la conducción de Luis Negretti, le adjudicó un contrato por $141.827.138,76 para el mantenimiento de espacios verdes durante un período de doce meses.
La suma de ambos montos supera los 254 millones de pesos.
Y es precisamente allí donde comienzan las preguntas.
Porque quienes conocen los movimientos políticos y empresariales de la ciudad aseguran que Ippolito mantiene desde hace años una estrecha relación con Jorge “Pampero” Barrera, esposo de la ex concejal Verónica Vivó. La amistad no sería un secreto. Existen contactos en redes sociales, vínculos personales de larga data y una relación que distintos actores del ámbito local describen como cercana.
Barrera cumple actualmente una condena de 12 años de prisión por abuso sexual, impuesta en diciembre de 2023. Vivó, por su parte, fue condenada como partícipe necesaria en la misma causa. Sin embargo, una resolución posterior permitió su ex carcelación al considerar que la sentencia no se encontraba firme. No fue absuelta ni declarada inocente; simplemente apareció una discusión jurídica que frenó la ejecución de la pena. Su defensa estuvo a cargo del ex fiscal general Darío Vezzaro.
Mientras tanto, los negocios siguieron.
Tras la adjudicación obtenida en la Universidad Nacional de Villa María, Ippolito incorporó dos tractores cortapasto valuados en aproximadamente 30.000 dólares cada uno. Dependiendo de la cotización utilizada, la inversión ronda actualmente entre 80 y 90 millones de pesos.
Para muchos empresarios eso representa años de trabajo. Para Ippolito, según los registros analizados, llegó después de una serie de contrataciones públicas millonarias.
A ese escenario se suma otro dato que circula con insistencia en el ambiente político local. Hace poco más de un mes, Verónica Vivó comenzó a movilizarse en una camioneta Fiat Titano cero kilómetro. Se trata de un vehículo cuyo valor de mercado ronda entre los 65 y 70 millones de pesos. Lo que todavía no aparece con claridad es la documentación que permita explicar la titularidad del vehículo ni el origen de los fondos utilizados para su adquisición.
Naturalmente, ninguno de estos elementos constituye por sí mismo una prueba de delito.
Sin embargo, distintas fuentes consultadas durante esta investigación sostienen que existiría una estructura informal mediante la cual el ex empleado actuaría como figura visible de negocios cuyos beneficiarios finales serían Barrera y Vivó.
Las preguntas sobre el caso no pueden ser contestadas por periodistas, la justicia villamariese deberia responder: ¿Quién o quienes se benefician detrás de estas contrataciones?
¿Hubo controles suficientes sobre las adjudicaciones realizadas por la Municipalidad a cargo de Eduardo Accastello y por la Universidad Nacional de Villa María que conduce Luis Negretti?
¿Se investigó la posible existencia de delitos detrás de estas operaciones?
Los vecinos tienen derecho a conocer esas respuestas.
Porque cuando más de 254 millones de pesos salen de las arcas públicas y terminan concentrados en una misma órbita de relaciones personales y políticas, la transparencia deja de ser una consigna y se convierte en una obligación.
Y es la Justicia, y no el periodismo, la que deberia determinar si estamos frente a la historia de un ex empleado “bendecido” que supo aprovechar oportunidades legítimas o ante una trama de corrupción mucho más compleja alrededor del manejo de dinero publico que pertenece a todos los villamarienses.