En Villa María no hubo discursos, ni placas, ni reconocimientos para los trabajadores municipales de la salud. Hubo otra cosa: despidos. Y no cualquiera.
La gestión de Eduardo Accastello decidió echar a un médico de la guardia de la Asistencia Pública. No era un profesional cuestionado. No había quejas sobre su desempeño. Al contrario: dentro del propio sistema lo describen como uno de los más comprometidos. Su “falta” fue otra, mucho más grave para la lógica del poder: no mirar para otro lado. Acompañar a sus compañeras. No quedarse callado.
Porque lo que está pasando en la Asistencia no empezó ahora. Tiene secuencia. Primero murió una trabajadora. Después, las enfermeras hablaron. Y cuando hablaron, dijeron lo que todos saben pero pocos se animan a decir en voz alta: salarios de miseria, jornadas extenuantes, precarización estructural y aprietes. Un esquema donde el Estado las obliga a facturar como monotributistas mientras cumplen funciones permanentes, esenciales e irremplazables.
Después de los despidos, el mensaje se amplío: también alcanza a quienes se solidarizan. Es el método utilizado por Carlos Ronco y su jefe politico, el ultra gillista Marcos Bovo.
Hoy, en la Asistencia Pública, una enfermera cobra poco más de 3.500 pesos la hora. Para poder vivir, muchas hacen turnos de hasta 13 horas. Pagan su propio monotributo. Se sostienen como pueden. El Estado, en lugar de garantizar condiciones dignas, traslada costos y responsabilidades. Y cuando alguien rompe el silencio, la respuesta no es corregir: es expulsar. Poco importa si la persona tiene que pagar el alquiler o darle de comer a sus hijos.
Todo esto ocurre, además, con el silencio llamativo del SUOEM. Un silencio que, en este contexto, deja de ser neutral y empieza a ser parte del problema.
El despido del médico —que, según fuentes internas, respaldó a las enfermeras desplazadas— no es un hecho aislado. Es un mensaje interno, quirúrgico: el que cuestiona, se va. El que acompaña, también.
Los responsables tienen nombres propios: el director de la Asistencia Pública, Carlos Roco; el coordinador político, Marcos Bovo; y, por encima de todos, el intendente Eduardo Accastello, que es quien tiene la última palabra. Pero reducirlo a nombres sería cómodo. Y, sobre todo, insuficiente.
Acá hay una lógica de gestión. Una forma de ejercer el poder. Una doble vara que permite criticar despidos a nivel nacional, mientras, puertas adentro, se aplica el mismo manual —o peor aun—: sin explicaciones, sin transparencia, sin hacerse cargo.
En Villa María, el mensaje ya no necesita traducción. Es directo, crudo, incómodo: trabajar en el sistema de salud no solo implica sostener guardias eternas y sueldos de miseria. También implica saber hasta dónde hablar.
Y entender que, si te pasás de esa línea, el problema dejá de ser lo que denunciás… para convertirte vos mismo en el problema. Esa es la logica de Accastello.