Hay decisiones que explican una gestión mejor que cualquier discurso.
En el sistema de salud de Villa María, primero murió una trabajadora. Después, sus compañeras hablaron. Y ahora, dos enfermeras fueron despedidas.
Ese es el orden. No es interpretación: es una secuencia de como se maneja el poder politico en la ciudad.
Las dos trabajadoras fueron desvinculadas en los ultimos dias. El argumento formal, el de siempre: “no trabajan”, “bajo rendimiento”. El argumento real —el que circula puertas adentro del nosocomio— es otro: haber hablado. Haber expuesto lo que se vive todos los días en la Asistencia Pública. Haber contado cuánto se cobra y en qué condiciones se trabaja.
Porque los números son obscenos. Una enfermera cobra poco más de 3.500 pesos la hora en días normales. Algo más en feriados. Para cerrar el mes, muchas hacen turnos de hasta 13 horas. Y además se pagan el monotributo. Es decir: trabajan como empleadas, pero facturan como si fueran independientes. La precarización, institucionalizada. Con un gremio ausente.
En ese contexto, la muerte de una trabajadora no fue un hecho aislado. Fue un síntoma. Y lo que vino después, también.
El responsable del área tiene nombre y apellido: Marcos Bovo. El mismo que, apenas se publicó la situación, intentó mediante llamado telefonico, lograr bajar la nota. No es nada nuevo. Es un método: el de utilizar la pauta oficial como mecanismo de presion para controlar el relato, y asi disciplinar a los medios.
Y en ese esquema, el rol del Círculo Sindical de Prensa (Sispren) —al igual que el SUOEM— aparecen, como mínimo, alineado al poder municipal.
Y arriba de esa decisión está Eduardo Accastello. En su cuarto mandato, con un poder consolidado y, sin embargo, ninguna respuesta. Ni un gesto. Ni una corrección. Nada.
Cuando el poder no responde, en realidad está respondiendo.
El cuadro se completa con otro silencio grave: el del SUOEM. Sin posicionamiento, sin defensa de los trabajadores, sin conflicto que incomode al intendente. Como si despedir enfermeras en medio de una crisis fuera un trámite administrativo más.
Pero hay un dato que desacomoda cualquier relato oficial: mientras el ajuste cae sobre quienes sostienen el sistema de salud, el municipio destina cerca de mil millones de pesos a publicidad y propaganda. Dinero público que se reparte discrecionalmente. Plata que compra silencios. Plata que premia a los que callan y castiga a los que incomodan.
Entonces, la pregunta la pregunta obligatoria es…
¿De verdad el problema eran dos enfermeras que “no trabajaban”? ¿O el problema era que hablaron?
Porque si la respuesta es la segunda, ya no estamos ante un conflicto laboral. Estamos ante un mensaje autoritario, temerario.
Un mensaje claro: el que denuncia, paga con su trabajo.
Mientras tanto, el sistema de salud sigue igual. O peor.
Porque cuando el poder decide castigar la verdad en lugar de corregir la realidad, lo que se rompe no es solo la confianza.
Se rompe algo más básico: el límite. Y estos tipos, ya no tienen limites.