En Villa María, el agua dejó de correr en la casa de una vecina de barrio General Paz. No fue por una avería ni un evento climático. Fue una decisión. Y, como ocurre con las decisiones, lo relevante no es sólo el motivo —una deuda— sino el criterio que la sostiene.
El servicio no fue restringido: fue interrumpido. Una diferencia que no es semántica. El propio esquema regulatorio —al menos en su formulación— prevé la restricción como herramienta frente a la mora, no la supresión total. Es decir, una reducción, no una anulación. Entre la letra y la práctica, sin embargo, aparece una distancia que ya no puede atribuirse a un malentendido.
La lógica que debería regir es conocida: garantizar un suministro mínimo incluso en contextos adversos. No por benevolencia, sino por naturaleza del servicio. El agua no es un bien sustituible. Sin embargo, en la práctica, parece haber sido incorporada a otra categoría: la de los servicios que se suspenden cuando la ecuación financiera no cierra.
Cuando la usuaria intentó regularizar su situación, la respuesta fue lineal: $122.000 al contado. Sin financiación, sin instancia intermedia, sin gradualidad. En otras palabras, una exigencia incompatible con la causa que originó la deuda. No es una solución: es una clausura.
Ahí se revela el problema de fondo. No se trata de un episodio aislado, sino de un modo de funcionamiento. La Cooperativa de Agua y Cloacas 15 de Mayo —bajo una figura jurídica solidaria— opera, en los hechos, con una racionalidad empresarial. El equilibrio económico es legítimo. Lo discutible es que se imponga sin mediaciones sobre un servicio cuya prestación está atravesada por criterios sociales, sanitarios y jurídicos.
Porque si el acceso al agua es un derecho —y no una mercancía más—, entonces cada decisión sobre su provisión es también una decisión política. Incluso cuando se presenta como técnica.
En ese punto, la pregunta se desplaza: no es sólo qué hace la cooperativa, sino quién define los límites de lo que puede hacer y no hacer.
El Concejo Deliberante, que recientemente acompañó actualizaciones tarifarias, no aparece en este debate. Tampoco el auditor Rafael Sachetto, que responde a Martín Gill y cuya función es precisamente intervenir cuando la prestación de un servicio público entra en zonas grises. La omisión no es casual.
El resultado es un sistema que exige sin ofrecer alternativas, que ejecuta sin revisar y que, en nombre de la sustentabilidad, desplaza el problema hacia el usuario. Mientras tanto, el marco normativo queda como una referencia abstracta y el control institucional como una formalidad.
La escena final no necesita dramatización: una vivienda sin agua, una deuda impagable en el corto plazo y un circuito de decisiones que se valida a sí mismo. Arbitrariedad absoluta.
A veces, el problema no es el corte. Es la lógica que lo vuelve inevitable: un negocio privado sobre infraestructura pública, sin control.