En la justicia cordobesa, los expedientes rara vez son sólo expedientes. El que hoy involucra a la fiscal Erica Juliana Companys empieza a confirmar esa regla: avanza en lo formal, pero se expande en lo político.
La novedad visible es una decisión procesal. La jueza de control de Río Segundo, María Licia Tulián, admitió como querellante a Alicia Peressutti, denunciante en la causa. Es un paso relevante, aunque habitual: le otorga a quien impulsó la presentación la posibilidad de intervenir en la producción de prueba y seguir de cerca el expediente.
Pero el dato más significativo está en el origen del proceso. Según trascendió, la investigación recayó en la Justicia de Río Segundo, donde la fiscal Patricia Baulies consideró que existían elementos para avanzar con una investigación jurisdiccional y solicitó su habilitación ante la jueza Tulián. A partir de allí, el expediente comenzó a tomar forma.
Hasta ahí, la estructura formal.
El resto pertenece a un entramado más complejo. La causa figura como “con imputados”, aunque sin precisiones públicas sobre el alcance de esa situación. Y, como suele ocurrir cuando se trata de funcionarios judiciales, el expediente rápidamente empezó a leerse también en clave política.
Peressutti aporta un primer elemento en esa dirección. Su trayectoria como auditora de Villa María durante dos períodos, en sintonía con la gestión del ex intendente Martín Gill (que mantiene su poder político intacto), y su proyección dentro de espacios vinculados al kirchnerismo —donde incluso llevó a distintos dirigentes de ese espacio a encuentros con el Papa Francisco— le dan a la denuncia una dimensión que excede lo estrictamente judicial.
Pero no es el único dato. En paralelo, aparece en escena el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, quien denunció a Companys por presuntas amenazas. Según esa presentación, la fiscal habría hecho llegar —a través de un tercero— un mensaje en el que lo calificaba como “sucio como una papa” y advertía que lo haría caer si encontraba pruebas.
Ese episodio agrega una capa más al contexto en el que se inscribe la causa.
A su vez, en ámbitos judiciales se menciona —sin confirmación oficial— que la fiscal Silvia Maldonado podría tener algún tipo de vínculo con la fiscalía interviniente. Se trata, por ahora, de una versión no corroborada, que circula en voz baja y que debe ser leída con cautela.
En ese marco, la figura de Companys queda atravesada por tensiones que combinan lo institucional con lo político. Su perfil —activo, en ocasiones incómodo— la ha colocado antes en situaciones de exposición. Esta vez, esa exposición se traduce en un expediente abierto.
La causa avanza, entonces, en dos planos. Uno, el judicial, donde deberán probarse o descartarse los hechos denunciados. Otro, el político, donde las interpretaciones suelen adelantarse a las conclusiones.
Por ahora, no hay definiciones de fondo. Sólo un expediente en movimiento, actores con peso propio y un contexto que amplifica cada paso.
Como suele ocurrir en estos casos, la clave no estará en el ruido que rodea a la causa, sino en algo bastante más sencillo —y más exigente—: la prueba.
Todos los que están nombrados en esta nota , son personas de dudosa vida. Que se puede esperar !!
Se manejan con códigos mafiosos.
Que confianza podemos tener en la justicia sí la manejan políticos corruptos?????
Excelente análisis! Leí en una página que financia Martín Gill que le daba con un caño a la fiscal Companys. Mal que mal, ha sido la única-con sus errores- que enfrento al poder.