La Justicia cordobesa confirmó que Raúl Omar Costa volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por “abuso de autoridad”. No es un hecho aislado ni una causa menor: es la continuidad de un esquema que ya le valió una condena en 2023 y que vuelve a exponer cómo, desde el Estado, se habilitaron negocios inmobiliarios en zonas donde la ley lo prohíbe de manera tajante.
El nuevo juicio tiene en el centro al loteo Candonga, un emprendimiento autorizado en plena zona protegida de las Sierras Chicas durante la gestión de Juan Schiaretti. La normativa era clara: se trataba de áreas categorizadas como “roja” y “amarilla”, donde no se puede avanzar sobre el bosque nativo. Los informes técnicos también eran claros: advertían sobre el daño ambiental y el impacto en la cuenca hídrica. Sin embargo, la firma que habilitó el proyecto salió igual.
Para la Justicia, no hay margen para interpretaciones benignas: se trató de un acto administrativo arbitrario. Traducido, una decisión política que ignoró deliberadamente la ley para darle cobertura a un negocio privado.
El dato que incomoda aún más es que no fue la única vez. Costa ya fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por maniobras prácticamente idénticas: autorizar desarrollos de empresas como Electroingeniería y Gama en zonas protegidas. El patrón se repite con precisión: advertencias técnicas desoídas, normativas violadas y una decisión final que siempre cae del mismo lado.
Candonga terminó frenado por la Justicia civil, pero el daño ya estaba en marcha. El caso se convirtió en un símbolo del avance del negocio inmobiliario sobre áreas protegidas, con denuncias de vecinos y organizaciones que hablaron sin rodeos de “ecocidio” y de una relación directa entre poder político y desarrollistas.
Lo que hoy vuelve a discutirse en tribunales no es solo una firma, sino un modo de ejercer el poder.
Y mientras ese pasado se reabre en la Justicia, Costa no está retirado de la escena. Por más que se lo intente ocultar, junto a Javier Sosa, es uno de los impulsores de la candidatura a intendente de Manuel Sosa. Es decir, un dirigente condenado por abuso de autoridad y nuevamente camino a juicio sigue teniendo incidencia directa en la construcción política local.
