El caso de Uriel, el perro hallado en estado crítico meses atrás, terminó en tragedia, mientras la actuación de la Fiscalía del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, genera indignación y desconcierto.
Pese a que el animal presentaba graves signos de desnutrición y abandono, la fiscal optó por allanar la vivienda de la rescatista que lo cuidaba, en lugar de focalizar su investigación en los responsables directos del maltrato, dejando impune a Mariela “la chilena” Olivares, denunciada inicialmente por el estado calamitoso del animal.
El accionar de Companys demuestra una falta de sensibilidad y criterio judicial que roza la negligencia: mientras el perro moría lentamente, las autoridades judiciales centraron sus recursos en quien pretendía salvarlo, ignorando el historial de malos tratos y la gravedad de la denuncia original.
La falta de imputación por maltrato animal a la principal responsable: Mariela “la chilena” Olivares y el hostigamiento a la proteccionista constituyen un escándalo que evidencia una justicia provincial que prioriza la impunidad de los delincuentes y deja desprotegidos a los más vulnerables.
Esta forma de proceder por parte de la fiscal Companys no solo avergüenza a la investidura judicial, sino que plantea serias dudas sobre la integridad y capacidad para resolver los casos a su cargó.