El Gobierno de Córdoba expresó un fuerte repudio al bloque juecista del Tribunal de Cuentas luego de que se bloqueara una licitación destinada a la compra de drones para tareas de seguridad, lo que derivó en un nuevo choque institucional entre el Ejecutivo y el organismo de control.
Según informó la Provincia, la operación frenada contemplaba una inversión cercana a los 7 millones de dólares para la adquisición de 15 drones que serían utilizados por la Policía de Córdoba en operativos de prevención y vigilancia.
Desde el oficialismo cuestionaron duramente la decisión y advirtieron que la medida afecta directamente las políticas de seguridad.
Desde el Ejecutivo señalaron que la licitación cumplía con los requisitos legales y administrativos correspondientes, y acusaron al juecismo de utilizar el Tribunal de Cuentas con fines políticos, obstaculizando herramientas clave para el fortalecimiento de la seguridad pública.
La controversia reavivó las tensiones entre el gobierno que encabeza Martín Llaryora y los sectores alineados con Luis Juez, en un contexto de fuerte disputa institucional en la provincia.