Para quien se le paso, ya lo habíamos contado en dos informes anteriores de Soy Villa Nueva: primero, que Verónica Vivó volvió a quedar colgada del presupuesto municipal gracias al intendente Eduardo Accastello, pese a tener una condena por delitos aberrantes.
Después, que el despliegue económico que realizo no se coincide ni con sus ingresos declarados ni con la situación de su marido, Jorge “Pampero” Barrera, preso en la UP5.
Ahora aparecen nuevos datos. Y son todavía más escandalosos.
Vivó comenzó hace aproximadamente 20 días a movilizarse en una camioneta nueva: una Fiat Titano. No es un detalle menor. Se trata de un vehículo de alta gama cuyo valor ronda entre los 65 y 70 millones de pesos. En el ambiente político local ya se la menciona como una adquisición reciente. Lo que no aparece —por ahora— es la información que permita explicar la titularidad del vehículo ni el origen de los fondos.
El mismo patrón se repite en otro plano. Según información recabada por Soy Villa Nueva, el nuevo emprendimiento ligado al entorno de Vivó habría incorporado además dos tractores para tareas de desmalezado, con un costo aproximado de 30 mil dólares cada uno. Traducido al presente: otros 80 o 90 millones de pesos.
La cuenta es sencilla. En apenas cinco meses, el esquema mostraría movimientos económicos que superarían largamente los 150 millones de pesos.
Y la pregunta que cualquier vecino se hace es inevitable: ¿de dónde sale toda esa plata?
La respuesta también parece bastante sencilla: del bolsillo de los contribuyentes. Ademas de este, tiene otro negocio con el estado, que informaremos oportunamiente.
Porque mientras miles de vecinos hacen malabares para pagar tasas, servicios y alimentos, alrededor del poder político siguen orbitando personajes que jamás logran despegarse del Estado. Cambian de nombre, de sello, de cooperativa o de empresa, pero siempre terminan prendidos de la misma teta: del estado.
En 2021, Jorge “Pampero” Barrera —ya funcionario municipal— fue detenido tras denuncias por abuso sexual. En aquella causa, la entonces concejala Verónica Vivó, presidenta del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, fue imputada por la fiscal Juliana Companys como “partícipe necesaria”.
La causa avanzó. En diciembre de 2023 llegaron las condenas: 12 años de prisión para Barrera y 6 años para Vivó. La Cámara entendió luego que la sentencia estaba firme y ordenó la inmediata detención de la ex edil en 2024.
Pero en Córdoba, cuando la política mete la cola, nunca se sabe dónde termina realmente una condena.
El Tribunal Superior de Justicia intervino y sostuvo que la condena de Vivó no estaba firme. Resultado: excarcelación inmediata. No hubo absolución. No hubo inocencia declarada. Hubo una discusión técnica que frenó la ejecución de la pena. Jurídicamente podrán adornarlo como quieran; políticamente, el mensaje fue devastador: en ciertos sectores del poder, siempre hay una puerta de salida.
Y mientras la discusión judicial seguía, otra línea de investigación se fue apagando en silencio: el presunto enriquecimiento ilícito de la pareja. La hipótesis apuntaba a una supuesta cooperativa de mantenimiento de espacios verdes utilizada mediante un presunto testaferro para canalizar fondos públicos durante la intendencia de Martín Gill.
Aquella causa se desinfló.
No hubo responsables.
No hubo explicaciones.
No hubo consecuencias.
Y así, entre condenas “no firmes”, expedientes dormidos y silencios políticos, Vivó reaparece otra vez vinculada al presupuesto municipal. Ya no mediante aquella cooperativa bajo sospecha, sino a través de una empresa dedicada al mantenimiento de espacios verdes.
Según la información que pudo recopilar Soy Villa Nueva, el presunto testaferro de Verónica Vivó y Jorge “Pampero” Barrera habría facturado desde diciembre de 2025 hasta la fecha un total de $96.462.384 a la Municipalidad de Villa María. Un promedio mensual de más de $16 millones.
Casi 100 millones de pesos en apenas seis meses.
Todo bajo la administración de Eduardo Accastello, que hoy atraviesa su cuarto mandato al frente de la ciudad.
Y acá aparece otro nombre clave: Maximiliano Romero. Porque todas las órdenes de pago habrían pasado por sus manos y, en la mayoría de los casos, habrían contado con su conformidad. Sin observaciones públicas. Sin advertencias. Sin explicaciones, ni videitos en las redes.
El silencio, quizás, tenga su origen en razones políticas.
Su jefe político, el concejal Manuel Sosa, compartió militancia en el pasado con Vivó y Barrera dentro del armado de Martín Gill. Y mientras los vínculos sobreviven, la oposición parece anestesiada, muda o directamente domesticada.
Porque la realidad es brutal: los vecinos se enteran de estos curros de la politica gracias al periodismo y no por quienes cobran millones para controlar al poder.
Así estamos.
Con una ciudad cada vez más arrasada economicamente, pero con los mismos nombres de siempre girando alrededor de la caja municipal como moscas sobre la basura.