Hay dirigentes políticos que descubrieron una fórmula maravillosa: cuando aumentan ellos, es “responsabilidad de gestión”; cuando aumenta otro, es un “ataque al bolsillo de la gente”.
El intendente Eduardo Accastello y la legisladora Verónica Navarro Alegre salieron ahora a rasgarse las vestiduras por la posible quita del régimen de “zona fría”, que implicaría subas en la tarifa de gas para sectores que hoy reciben descuentos del 30%. El detalle que omitieron contar es que el gobierno nacional mantendría los subsidios para hogares vulnerables y apunta principalmente a quienes sí pueden afrontar la tarifa plena.
Pero la indignación selectiva tiene memoria a corto plazo. En Villa María, durante la gestión de Accastello, los vecinos ya soportaron aumentos siderales en tasas, impuestos y servicios. El agua acumuló cerca de un 77% de aumento entre las últimas actualizaciones tarifarias y las tasas municipales, según distintos cuestionamientos locales, habrían escalado hasta un 700% desde el inicio de la gestión.
Ahí no hubo campaña de prensa, ni discursos sobre “el deteriodo de la economía familiar”. Tampoco apareció la sensibilidad social cuando el municipio aprobó tarifazos propios que golpearon directamente a comerciantes, jubilados y trabajadores.
La contradicción es más que evidente: para cobrar más desde el Estado municipal no hay problema; pero si la Nación plantea revisar subsidios generalizados y concentrarlos en sectores vulnerables, entonces aparecen los defensores del pueblo.
El problema no es solamente económico. También es de carácter moral y político. Porque mientras se presentan como protectores de los vecinos, en Villa María vienen aplicando aumentos que cualquier familia siente cada vez que abre una boleta.