En esta trama de presunta corrupción que rodea al gobierno de Eduardo Accastello, cada dato nuevo parece superar al anterior. Lo que comenzó como una serie de contrataciones llamativas terminó revelando un esquema que despierta interrogantes cada vez más graves sobre el manejo de los fondos públicos y la naturalización de prácticas que, al menos, resultan difíciles de explicar.
Días atrás, Soy Villa Nueva reveló que quien durante años fue señalado en Villa Nueva como el presunto testaferro y contratista privilegiado de obra pública durante las gestiones de Natalio Graglia, encontró una nueva puerta abierta en Villa María. Y no cualquier puerta.
Según distintas fuentes, quien habría facilitado su desembarco fue Rubén Aquiles, actual Subsecretario de Servicios Públicos, un dirigente que años atrás denunciaba públicamente presuntos hechos de corrupción en las gestiones kirchneristas de Eduardo Accastello y mantenía además una histórica cercanía política con Raúl Costa.
Aquiles y Juan Pablo Scibaldi se conocen desde hace años. Ambos militaron en el Partido Villamariense, el mismo espacio político con el que Manuel Sosa compitió en las últimas elecciones municipales y que llevó a Maximiliano Romero al Tribunal de Cuentas.
La cooperativa en cuestión se denomina “Cooperativa de Trabajo 26 de Septiembre Ltda.” y figura con domicilio en José Martí 422, vivienda familiar de Scibaldi. Vecinos consultados por este medio aseguraron desconocer que allí funcionara una cooperativa que hoy le factura cientos de millones de pesos al municipio.
Según documentación a la que pudo acceder Soy Villa Nueva, la cooperativa ya habría percibido alrededor de 606 millones de pesos en contrataciones municipales.
Scibaldi, además, es primo del concejal radical Felipe Botta, quien curiosamente atacó públicamente a este medio luego de difundidas las primeras revelaciones, aunque evitó pronunciarse sobre la situación de su familiar y el millonario flujo de fondos que recibe.
También salieron rápidamente a escena Manuel Sosa y Maximiliano Romero, difundiendo un video y declaraciones intentando desacreditar las publicaciones. Sin embargo, ambos evitaron responder una pregunta central: ¿por qué guardaron silencio sobre las contrataciones de una cooperativa manejada por antiguos compañeros de militancia?
De hecho, este medio pudo confirmar, que tanto Romero como Sosa se negaron a brindar información sobre la facturación de la cooperativa cuando ambos fueron consultados.
Pero uno de los datos que más indignación genera, aparece en una orden de compra puntual.
El 15 de diciembre de 2025, mediante la contratación directa Nº 05953/2025, el gobierno de Accastello le pagó a la cooperativa vinculada a Scibaldi la suma de $9.530.000 por un supuesto:
“SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA DESDE CUGA A CGA”.
El traslado era desde el Centro Urbano de Gestión Ambiental, ubicado en el predio de la ex Daleci, sobre Paraguay y Ruta 9, hasta el Centro de Gestión Ambiental, camino a Ana Zumarán. La distancia entre ambos puntos ronda apenas los 10 kilómetros.
Es decir: casi un millón de pesos por kilómetro recorrido.
La cifra llamó inmediatamente la atención. Por eso este medio consultó a transportistas especializados en traslado de maquinaria pesada. Según explicaron, actualmente el valor de mercado ronda entre 8 mil y 10 mil pesos por kilómetro recorrido.
Tomando esa referencia, un traslado de 10 kilómetros costaría entre 80 mil y 100 mil pesos. Incluso agregando carga, descarga, operador, combustible y tiempo operativo, distintos transportistas coincidieron en que un valor razonable para un traslado económico o normal oscilaría entre 120 mil y 250 mil pesos.
La diferencia con lo abonado por el municipio resulta impactante.
Si se compara la orden pagada por el gobierno municipal con esos valores de referencia:
- contra un traslado estimado en $120.000, la diferencia supera los $9.410.000;
- contra un traslado de $250.000, la diferencia ronda los $9.280.000.
En otras palabras, el municipio habría pagado entre 38 y 79 veces más que un valor considerado razonable para un traslado común de maquinaria en una distancia corta.
Y hay otro dato político imposible de ignorar.
Según pudo saber Soy Villa Nueva, el único integrante del Tribunal de Cuentas que rechazó la orden de pago fue Maximiliano Romero. Sin embargo, jamás denunció públicamente la situación ni la llevó ante la Justicia. La vocal Virginia Margaria que responde a Dario Capitani habría acompañado la aprobación, al igual que José María Sánchez, alineado con Accastello.
Por eso la discusión ya excede una simple contratación.
Porque aquí aparecen mencionados Accastello, Aquiles, Scibaldi, Botta, Sosa, Romero y sectores de control vinculado a Capitani. Algunos ejecutando, otros aprobando, otros callando. Todos orbitando alrededor de un esquema de contrataciones millonarias que cada día genera más preguntas y menos respuestas.
Y mientras tanto, el vecino de Villa María sigue pagando sus impuestos como un “boludo/a” sin comprender cómo un traslado de apenas 10 kilómetros puede terminar costándole al Estado casi 10 millones de pesos.
