En Villa María pasan cosas raras hace demasiado tiempo.
Millones que aparecen.
Contrataciones directas que se multiplican.
Cooperativas desconocidas que de golpe manejan cifras obscenas.
Funcionarios que miran para otro lado.
Y opositores que cobran fortunas para controlar… pero no controlan nada.
Sin embargo, algo empezó a cambiar.
Tras la publicación de Soy Villa Nueva sobre las contrataciones millonarias de la Cooperativa de Trabajo “26 de Septiembre Ltda.”, un funcionario judicial se comunicó con este medio y reconoció que dentro del ámbito judicial ya existen fuertes sospechas sobre el esquema de contrataciones que involucra a funcionarios municipales y personas vinculadas políticamente al poder local.
Por primera vez en mucho tiempo, al menos algunos sectores de la Justicia parecen haberse puesto los pantalones largos frente a una trama que durante años viene caminando por Villa María con absoluta impunidad.
Y lo que preocupa no es poco.
Según pudo reconstruir este medio, en ámbitos judiciales consideran que podría tratarse de un típico caso de delitos de acción pública con posible multiplicidad de figuras penales.
Entre ellas:
- Violación de los deberes de funcionario público.
- Tráfico de influencias.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
- Posibles dádivas entre particulares y funcionarios.
Todo esto en el marco de más de $606 millones en contrataciones – mayormente – directas que terminaron beneficiando a una estructura vinculada a Juan Pablo Scibaldi.
Sí.
$606 millones.
Mientras los vecinos hacen malabares para pagar tasas municipales cada vez más caras, una cooperativa prácticamente desconocida para gran parte de la ciudad recibió cifras multimillonarias por parte del Estado.
Una cooperativa sin estructura pública visible.
Sin presencia institucional relevante.
Sin antecedentes importantes en el rubro.
Pero con conexiones políticas demasiado interesantes.
Porque acá no estamos hablando solamente de números.
Estamos hablando de relaciones.
De vínculos históricos.
De silencios.
De dirigentes que ayer se denunciaban mutuamente y hoy comparten sistema.
De funcionarios que llegaron al poder prometiendo transparencia y terminaron administrando el mismo mecanismo que supuestamente venían a combatir.
Y mientras todo eso ocurría, nadie hablaba.
Ni los que debían controlar.
Ni los que debían denunciar.
Ni los que hoy intentan despegarse diciendo que “desconocían” cómo funcionaba el esquema.
En política, cuando nadie ve nada alrededor de $606 millones, el problema no suele ser la ceguera.
Suele ser el silencio.
Porque una cosa es equivocarse.
Otra muy distinta es mirar para otro lado mientras la plata pública circula siempre entre los mismos nombres.
En cualquier ciudad normal, una estructura de contrataciones directas de semejante magnitud habría provocado pedidos urgentes de informes, cobertura mediática, sesiones especiales y dirigentes pidiendo explicaciones frente a una cámara.
En Villa María hubo otra cosa:
silencio administrativo,
silencio político
y silencio institucional.
Hasta ahora.
Porque cuando los expedientes empiezan a caminar, los nervios también empiezan a aparecer.
Y quizás ese sea el verdadero problema de fondo:
que esta vez el tema dejó de ser solamente periodístico.
