Hay historias que no se van. Apenas se repliegan, cambian de forma, esperan. Y, cuando el clima lo permite, regresan. En Villa María, uno de esos nombres volvió a orbitar alrededor del poder municipal: Verónica Vivó.
Su historia política no empieza en los tribunales, sino bastante antes, en 1995, en la trama interna del peronismo villamariense. En aquellos años de la llamada “gloriosa JP”, cuando Eduardo Accastello y Nora Bedano compartían proyecto —y vida—, ese núcleo militante se movía bajo el paraguas de Humberto Roggero, donde también convivían Vivó, Barrera, Costa, Sosa, Gill, entre otros. El objetivo era claro: disputar la conducción del peronismo local a Enrique “Gato” Sella.
En la política, como suele ocurrir, se mezcló: ambición, estrategia y vínculos personales. Vivó y Barrera no solo compartieron ese proceso: lo consolidaron en una sociedad matrimonial que, con el tiempo, también se proyectaría sobre la gestión pública.
Dos décadas después, el relato cambió de tono y los encontró a todos convertidos en multi millonarios, con la particularidad —según sus propias declaraciones— de haber alcanzado ese formidable crecimiento patrimonial gracias a ocupar cargos públicos.
En 2021, Barrera —ya funcionario municipal— fue detenido por denuncias de abuso sexual. La entonces concejala Vivó, figura relevante del oficialismo local y presidenta del bloque en el Concejo Deliberante, fue imputada por la fiscal Juliana Companys como ‘partícipe necesaria’ en la misma causa.
El caso avanzó. En diciembre de 2023, la Justicia dictó condenas: 12 años de prisión para Barrera y 6 años para Vivó. La Cámara entendió luego que la sentencia estaba firme y ordenó la inmediata detención de la ex edil en 2024.
Pero la historia —otra vez— no terminó ahí.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba intervino y sostuvo que la condena de Vivó no estaba firme. El efecto fue inmediato: excarcelación. Un giro técnico, pero de alto impacto político. No se trató de una absolución, sino de una discusión procesal que dejó en suspenso la ejecución de la pena. En términos institucionales, una decisión hiper discutible; en términos políticos, una señal de impunidad.
Porque en paralelo a la causa principal existía otra línea de investigación: el presunto enriquecimiento ilícito de la pareja. La hipótesis judicial apuntaba a una supuesta cooperativa de mantenimiento de espacios verdes, operada a través de un testaferro para canalizar fondos públicos. Esa línea, sin embargo, se diluyó. No hubo pruebas concluyentes. El expediente se desinfló.
Y así, entre condenas no firmes y causas abandonadas, la figura de Vivó vuelve a aparecer en escena en 2026.
El contexto no es neutro. Villa María está nuevamente bajo la conducción de Accastello, en su cuarto período. Y en ese marco resuena, aquella frase liturgica del peronismo: “Para un peronista, no hay nada mejor que otro peronista”.
Vivó, hoy fuera de la cárcel, reaparece vinculada al presupuesto municipal. Ya no a través de una cooperativa —aquella figuraba bajo sospecha— sino mediante una empresa dedicada al mantenimiento de espacios verdes.
La imagen es, cuanto menos, elocuente: a las 6:30 de la mañana, la ex concejala conduce una camioneta Fiat Toro, recogiendo a los trabajadores, para depositarlos en plazas y espacios públicos de la ciudad.
No es un cargo formal. No es un regreso institucional. Es algo más difuso: una presencia operativa en la periferia del Estado para hacerse de dinero público.
Porque lo que está en juego no es solo la situación judicial de una dirigente, sino la elasticidad del sistema político local. La capacidad de absorber, reciclar y reinsertar actores incluso después de episodios que, en otros contextos, implicarían una clausura definitiva.
En ese punto, la comparación con modelos de poder más cerrados —como el de Gildo Insfrán— deja de ser una exageración retórica para convertirse en una advertencia.
Villa María no es Formosa. Pero ciertos mecanismos —la persistencia de redes, la lealtad como valor supremo, la difuminación entre lo público y lo privado— empiezan a parecerse. Y mucho.