La Municipalidad de Villa María y el SUOEM anunciaron, con tono de acuerdo virtuoso, una nueva pauta salarial que regirá entre abril y noviembre. El esquema incluye actualización automática por IPC y una recomposición acumulativa del 6%, sumado al 8,42% otorgado en el primer trimestre. En los papeles, la fórmula parece alineada con los tiempos inflacionarios: salarios que acompañan precios.
Pero como suele ocurrir en la administración pública local, el problema no está en lo que se dice, sino en lo que se omite.
El acuerdo alcanza a los trabajadores formales. Afuera queda un universo silencioso: los facturantes. Esos que, bajo la ficción administrativa de “prestadores de servicios”, sostienen tareas permanentes del Estado, pero sin derechos laborales básicos. No son empleados, pero trabajan como tales. No tienen paritarias, pero sí obligaciones. Y, sobre todo, no están contemplados en ningún anuncio.
Ahí aparece la otra cara del relato.
Las trabajadoras administrativas de la Asistencia Pública describen un escenario que desarma cualquier celebración:cobran $2.243 la hora de lunes a viernes y $2.693 los fines de semana y feriados. Para alcanzar un ingreso cercano a los $700.000 mensuales, debe trabajar más de 13 horas por día. Y varias llevan más de una década en esas condiciónes. Siguen siendo “facturantes”. Y deben descontar el pago del monotributo.
El dato no es solo económico. Es político.
Porque mientras el municipio formaliza acuerdos con el sindicato, hay trabajadores que ni siquiera ingresan en esa conversación. Y el rol del sumiso gremio, en ese esquema, queda bajo sospecha: ¿representa a todos o solo a una parte? La respuesta, en los hechos, parece inclinarse hacia lo segundo.
El secretario de Gobierno, Marcos Bovo, firma acuerdos y comunica mejoras. Pero la estructura que administra convive con niveles de precarización difíciles de justificar en términos institucionales. No se trata de casos aislados, sino de un modelo que naturaliza la desigualdad dentro del propio Estado municipal.
El silencio completa el cuadro. Los trabajadores no hablan. No porque no tengan qué decir, sino porque —según relatan— el costo puede ser el despido. De hecho, mencionan cesantías recientes. El miedo, en este contexto, también funciona como política de Estado.
Así, la pauta salarial anunciada no cierra la discusión. La abre. Porque detrás de los porcentajes, los índices y las firmas, persiste una duda: ¿qué pasa con los que quedan afuera?