Sin interna a la vista, la denominada “lista sábana” del Consejo Provincial del PJ cordobés quedó finalmente en manos de la lapicera del gobernador Martín Llaryora, quien definió un armado que busca sintetizar equilibrio político, representación territorial y control interno.
La nómina será encabezada por el propio Llaryora, seguido por la senadora Alejandra Vigo, el intendente capitalino Daniel Passerini, la diputada nacional Carolina Basualdo y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. La ingeniería del listado no fue casual: el mandatario provincial apostó a integrar a los distintos sectores del peronismo, distribuyendo lugares clave entre referentes con peso específico.
En ese esquema, Vigo aparece como expresión del schiarettismo; Passerini, vinculado al delasotismo más allá de su rol actual; Basualdo encarna una renovación generacional; y Calvo se consolida como una de las piezas centrales del oficialismo provincial, con recorrido en distintas etapas del PJ en el poder.
Sin embargo, uno de los movimientos más significativos —y polémicos— se dio en el armado del departamento General San Martín, donde el ex intendente de Villa María, Martin Gill, reaparece en escena como representante uninominal. La decisión se enmarca en un acuerdo político con el actual intendente Eduardo Accastello, que también contempla a Verónica Navarro —esposa del jefe municipal— al frente del PJ departamental, mientras que en Villa Nueva la conducción partidaria quedó en manos de Adriana Allasia, esposa de Cavagnero.
La reaparición de Gill marca su retorno formal a la política partidaria tras su salida del gobierno provincial, en medio de una causa por presunta violencia de género iniciada por su expareja, Lourdes Astudillo. Luego de su renuncia, el exfuncionario encontró refugio en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), donde primero se desempeñó como docente y posteriormente asumió como Director de Territorialidad.
En el plano judicial, la causa que lo involucra quedó envuelta en un proceso sin avances significativos. Tras una apelación en la Cámara de Río Tercero, Gill evitó llegar a juicio, y el expediente quedó radicado en la fiscalía a cargo de Juliana Companys. Desde entonces, el caso entró en una etapa de estancamiento: no registra novedades sustanciales desde fines de 2025, lo que alimenta cuestionamientos en torno a los tiempos de la Justicia y el impacto político de esa inacción.
En ese contexto, su inclusión en la estructura partidaria no pasa desapercibida.
Que Vergüenza Martín Gil…la plata del Puente q se cayó son 30 millones etc. Y lo demás judicial….jaja que grande q somos los peronistas,,,, 🫢🫢🫢 verguenza