La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, encabezada por el fiscal Franco Mondino, llevó adelante este viernes un operativo simultáneo en distintas áreas de la Legislatura de Córdoba en el marco de una investigación por supuestas anomalías en contrataciones de personal. La medida judicial, autorizada por el juez de Control Gustavo Hidalgo, se prolongó durante varias horas y derivó en el secuestro de documentación clave vinculada a contratos, reglamentos internos y normas que rigen el empleo en la Unicameral.
El procedimiento surge como desprendimiento de la causa en la que Guillermo Kraisman está imputado por defraudación a la administración pública. La pesquisa se originó tras el intento frustrado de cobro indebido del primer sueldo de Virginia Martínez, contratada en diciembre por la Legislatura, maniobra que Kraisman habría intentado consumar junto a Luciana Castro utilizando el DNI de la empleada.
De acuerdo a lo informado por Perfil, en el allanamiento participaron efectivos de la Policía de Córdoba, personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y técnicos de la Unidad de Equipos de Computación de Policía Judicial, que trabajaron de forma coordinada para asegurar el material relevante.
En el plano político, desde el entorno de la vicegobernadora Myrian Prunotto aseguraron a La Voz que se puso a disposición de la justicia “toda la información requerida” y remarcaron su interés en que la investigación avance “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, fuentes legislativas admitieron que el operativo generó sorpresa y malestar entre trabajadores que afirmaron no haber sido notificados previamente.
Por su parte, el bloque de la Unión Cívica Radical manifestó en un comunicado su “profunda preocupación institucional” por el caso y cuestionó el “uso dudoso de los recursos públicos”. Su titular, Matías Gvozdenovich, informó que pedirán un informe exhaustivo para conocer los detalles del procedimiento y los nombres de los posibles implicados, reclamando “transparencia plena y acceso irrestricto a la información pública”.