En una sesión marcada por la polémica, el concejal Manuel Sosa, del bloque Uniendo Villa María, expresó una dura crítica al convenio firmado entre la Municipalidad de Villa María y la empresa Villa María Cable Net S.A., al que diversos sectores adjudican vínculos con el intendente Eduardo Accastello. Sin embargo, a pesar de sus cuestionamientos y advertencias, Sosa votó a favor del proyecto.
Durante su intervención, el concejal afirmó que el acuerdo viola la Carta Orgánica Municipal al no haberse garantizado un procedimiento de contratación que asegure “imparcialidad, razonabilidad e igualdad de oportunidades”. Denunció además la falta de transparencia, la ausencia de competencia, y advirtió que se trata de una concesión “a dedo” de una infraestructura pública a una sola empresa, lo cual —según sus palabras— configura un nuevo caso de beneficio a “amigos del poder”.
“La contraprestación acordada, algunas conexiones gratuitas de internet, es a mi entender irrisoria en relación al uso exclusivo de ductos públicos”, manifestó Sosa. También expresó su preocupación sobre los criterios con los que se asignarán esas conexiones gratuitas, advirtiendo que podrían convertirse en un mecanismo de premio político y no de equidad social.
A pesar de su encendida crítica, Sosa justificó su voto afirmativo al sostener que “hay una imperiosa necesidad de conexión” en el barrio Ramón Carrillo, donde muchas familias aún no acceden a internet de calidad. “No avalamos las prácticas nefastas con las que se firmó este convenio, pero lo votamos porque la fibra óptica tiene que llegar a ese barrio”, explicó.
El caso también reaviva las críticas a la situación personal del edil, que reside en Villa Nueva —donde abona sus tasas municipales— pero cobra una dieta de más de 3.5 millones de pesos por representar a los vecinos de Villa María. Este dato, que ha sido señalado con anterioridad por distintas voces del arco político, vuelve a poner en debate el compromiso territorial de algunos representantes.
La decisión de Sosa, en definitiva, abre una grieta difícil de explicar entre el discurso y la acción, entre lo que se dice y se hace. Su voto favorable legitima un proceso que él mismo calificó como “una vergüenza institucional” y que, según su análisis, podría configurar un nuevo capítulo de concentración de poder en manos de una sola empresa. Para muchos, una postura muy difícil de entender.
Este cara dura voto a favor de la entrega de Plaza Ocampo.