La situación del ex intendente de Villa Nueva y actual subsecretario de Municipios de la Provincia, Natalio Graglia, comienza a generar preocupación dentro del gabinete provincial. A mediados de julio, el intendente, Ignacio Tagni, presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión de Graglia.
Entre los principales puntos de la denuncia se destacan la existencia de facturas apócrifas por aproximadamente 500 millones de pesos vinculadas a la obra del cuartel de Bomberos Voluntarios, con documentación adulterada y proveedores que, según la investigación preliminar, nunca habrían operado en la ciudad.
Además, se detectó un faltante de 2.000 millones de pesos en el presupuesto municipal de 2023, sin respaldo bancario ni contable, de los cuales al menos 800 millones no habrían sido conciliados. También se señala el uso irregular de pagos en efectivo a proveedores, un mecanismo atípico para el funcionamiento administrativo del municipio.
La denuncia fue presentada formalmente el 18 de julio ante la Fiscalía de Feria de Villa María, bajo la responsabilidad del fiscal René Bosio, y se fundamenta en una auditoría interna del área de Economía municipal.
La presentación judicial impacto de lleno en el Ministerio de Gobierno provincial, a cargo de Manuel Calvo, quien tiene bajo su orbita la Subsecretaría de Municipios ocupada por Natalio Graglia. Desde ese ámbito, se observa con atención y preocupación la posible existencia de una segunda denuncia, de mayor impacto político, vinculada a operaciones fraudulentas en el Parque Industrial de Villa Nueva.
Fuentes consultadas especulan que el intendente Tagni podría estar esperando el momento oportuno para capitalizar políticamente esta situación, que coincide con la campaña electoral que se avecina. En ese escenario, la disputa no se daría directamente con Manuel Calvo, candidato a diputado nacional, sino con el ex gobernador Juan Schiaretti.
El contexto complica la defensa pública de Graglia, identificado como un dirigente cercano al kirchnerismo “paladar negro” en una provincia donde la mayoría electoral mantiene posturas críticas hacia ese sector politicó.
Por otra parte, responsabilizan al Secretario de Cooperación Institucional, Orlando Arduh —quien también depende del Ministerio de Gobierno— por no contener a Tagni.
Si bien la justicia en Córdoba mantiene cierta subordinación al poder político, no faltan antecedentes donde el sistema judicial avanzó con autonomía. Cabe destacar que Graglia proviene del círculo de Martín Gill y representa un sector kirchnerista residual que se recicla dentro del peronismo provincial, lo que podría generar apoyo político en caso de que la causa requiera respaldo.
Queda pendiente, asimismo, definir si el gobierno municipal a cargo de Tagni se constituirá como querellante para impulsar la investigación, o si dejará el proceso en manos del fiscal.
En octubre de 2022, el intendente junto a Justina Pucci y Sergio Mana, presentó una denuncia contra la entonces secretaria de Finanzas Vanesa Ciarroca, vinculada a la creación de una sociedad de coaching que facturó más de 19 millones de pesos al municipio —equivalente a unos 87 millones actuales—. A pesar del tiempo transcurrido, aquella causa, que tramita en la Fiscalia de René Bosio, permanece sin novedades y sin la participación activa del sector de Tagni como querellante.
Este tipo debería estar preso.
Esta Ciarroca dicen que tiene propiedades en Uruguay, porque no investigan.
De Colores