La decisión de la Cámara del Crimen de concederle la libertad a la ex concejal Verónica Vivó, condenada por su participación necesaria en aberrantes delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, vuelve a poner en evidencia el entramado de privilegios e impunidad que rige en los tribunales cordobeses cuando se trata de personas ligadas al poder político.
Vivó fue declarada culpable en diciembre de 2023 junto a su esposo, el ex funcionario Néstor Jorge “Pampero” Barrera. Desde febrero de este año se encontraba detenida, luego de que la Cámara del Crimen considerara que la condena estaba firme. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a un recurso de queja presentado por los abogados Darío Vezzaro y Leonardo Monti, en noviembre de 2024, y en función de esa interpretación, la ex edil villamariense, volvio a caminar libremente por las calles hasta que la condena quede “definitivamente firme”. Pasaron 6 meses…y nada.
El hecho no solo hiere de muerte la confianza en la justicia: directamente la entierra.
El rostro de la impunidad
Una escena ocurrida ayer a las 19 hs. desnuda el grado de normalización que ostenta la impunidad en Villa María. Una familiar de una de las denunciantes del caso Barrera-Vivó relató a este medio la indignación que le generó ver a Verónica Vivó compartiendo café con el también ex funcionario Miguel Sponer en la estación de servicio Shell de Ramonda. “Estaba como si nada, como si no le debiera nada a nadie. Me dio náuseas”, expresó.
La testigo, profundamente afectada, cuestionó el hecho de que Vivó no solo se mueva libremente, sino que además cuente con la defensa de figuras de altísimo perfil como el ex Fiscal General Darío Vezzaro, quien cobra honorarios en dólares y también supo representar a la ex auditora Alicia Peressutti. ¿De dónde sale el dinero para costear una defensa semejante? ¿Por qué la causa por enriquecimiento ilícito contra ella y Barrera sigue durmiendo en tribunales?
Doble vara, justicia selectiva
La sensación de impunidad no es nueva, pero cada episodio la vuelve más insoportable. Mientras Vivó toma café como si nada, hay jóvenes detenidos por robar cables, y familias enteras esperando que los jueces escuchen sus pedidos de justicia.
Lo de Vivó, no es un caso aislado. ¿Dónde está la celeridad de la justicia cuando se trata del ex intendente Martín Gill, denunciado por violencia de género y aún sin fecha de juicio firme? ¿Hasta cuándo esta protección selectiva para quienes ostentan poder político o están ligados a estructuras de gobierno que durante 25 años manejaron Villa María con total impunidad?
Una justicia sometida al poder politico
El caso de Verónica Vivó confirma lo que muchos ya saben y pocos se animan a decir: en Córdoba, la justicia está subordinada al poder político. No hay imparcialidad, no hay independencia, y mucho menos hay voluntad de garantizar justicia para las víctimas.
Cuando se trata de un marginal, la vara es dura, inflexible. Pero cuando se trata de un político o un funcionario, la justicia se vuelve lenta, ambigua, indulgente. La libertad de Vivó no es un tecnicismo jurídico: es una cachetada a cada víctima, a cada denunciante, a cada ciudadana o ciudadano que alguna vez creyó que en los tribunales encontraría reparación.
Hoy, en Villa María, la impunidad no solo tiene rostro, sino también una mesa de café. Y la justicia, una vez más, decidió mirar para otro lado.