La auditoría sobre el último tramo de la gestión de Martín Gill en Villa María ya está en manos del fiscal René Bosio, y con ella, un cúmulo de interrogantes que el ciudadano de a pie espera sean esclarecidos. El informe, elaborado por la consultora Russell Bedford a pedido de la actual gestión de Eduardo Accastello, revela un desorden administrativo sin precedentes, con un déficit patrimonial que supera los 5.500 millones de pesos, cheques diferidos por 1.450 millones y deudas con proveedores que superan los 3.000 millones. A esto se suman demandas judiciales contra el municipio por 3.800 millones, comprometiendo el futuro financiero de la ciudad.
Pero más allá del desastre económico, hay decisiones que podrían configurar delitos que la fiscalía no puede ignorar. Por ejemplo, la eliminación de información clave tras la modificación del sistema informático en octubre de 2023, semanas antes del traspaso de gobierno. ¿Fue un intento de borrar rastros de manejos irregulares?
El fiscal Bosio tiene ahora la oportunidad –y la responsabilidad– de dar respuestas a estos interrogantes. ¿Se investigará a fondo el destino de los fondos municipales durante la gestión de Gill? ¿Habrá imputaciones por administración fraudulenta o incumplimiento de deberes de funcionario público? ¿O una vez más se consagrara la impunidad en Villa María?
La ciudadanía espera hechos concretos. La auditoría ya está sobre la mesa. Ahora, la pelota está en la cancha de la Justicia.