El reciente escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández y a la ex primera dama Fabiola Yáñez repercutido en la política provincial, poniendo bajo el foco al ministro de Cooperativas de Córdoba, Martín Gill, que enfrenta una grave denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Lourdes Astudillo, y que fue elevado a juicio por la fiscal Juliana Companys, sigue sin tener una fecha establecida, lo que genera suspicacias en la opinión pública.
En el Centro Cívico, Llaryora resiste, la directiva es clara: esperar las resoluciones judiciales antes de tomar cualquier decisión respecto a una posible desvinculación del gabinete. Esta postura, sin embargo, se convirtió en un argumento cuestionable, y Gill se ha convertido en el blanco preferido de la oposición. La incomodidad quedó expuesta durante la última sesión de la Unicameral, donde el oficialismo, alineado con el gobernador Martín Llaryora, se vio en una posición comprometida al intentar sostener al ministro en medio de una creciente presión pública y política.
El malestar dentro del gobierno provincial es palpable. Legisladores, funcionarios del gabinete y otros actores políticos vinculados al entorno de Llaryora reconocen que se deben tomar decisiones pronto. La falta de una resolución judicial no solo prolonga la crisis dentro del gabinete, sino que también amenaza con erosionar la cohesión del oficialismo en un momento crítico para la administración provincial.
Mientras la oposición continúa capitalizando la situación, el futuro de Gill y su permanencia en el gabinete sigue siendo una incógnita, con todos los ojos puestos en cómo la justicia y el gobierno manejarán este delicado asunto.