El concejal Manuel Sosa, representante del bloque minoritario “Uniendo Villa María”, votó a favor del proyecto de “Estado de emergencia de la situación económica financiera de la Administración Pública Municipal,” presentado por el intendente Eduardo Accastello. Sin embargo, su apoyo estuvo acompañado de significativas objeciones.
Desde el bloque liderado por Sosa, destacan la necesidad de información más precisa y veraz sobre la situación económica actual del municipio.
La declaración de emergencia responde a números preocupantes en las cuentas públicas, con un saldo negativo de 4.500 millones de pesos en deuda de cheques emitidos, órdenes de pago y deuda flotante, lo que plantea un desafío financiero significativo para la nueva administración.
Los principales argumentos presentados por Manuel Sosa incluyen la preocupación por la posible concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, comprometiendo los controles y equilibrios esenciales de la estructura gubernamental. Además, expresó inquietudes sobre la afectación de derechos laborales y situaciones contractuales consolidadas, abogando por soluciones más consensuadas.
Entre las objeciones detalladas por el concejal se encuentran:
- Plazo de Emergencia: Se oponen al plazo propuesto de 36 meses, argumentando que llevaría a la totalidad de las gestiones bajo estado de emergencia, y la falta de información impide determinar la existencia real de una emergencia económica-financiera.
- Certificación de Deuda de Particulares: Rechazan el sistema de certificación de deuda de particulares contemplado en el proyecto.
- Revisión de Contratos Municipales: Expresan objeciones a la facultad de revisar los contratos a cargo de la municipalidad.
- Obligaciones Laborales: Consideran que el proyecto afecta derechos constitucionales y laborales al abordar las obligaciones laborales de la Municipalidad.
- Toma de Créditos: Se oponen a la facultad para la toma de créditos sin garantizar la aprobación del Concejo Deliberante.
El concejal también manifestó preocupación por la facultad de contratar obras y servicios públicos bajo el sistema de “riesgo empresario” sin el debido conocimiento del Concejo Deliberante.