Hay decisiones que cuesta explicar. No porque sean complejas desde lo jurídico, sino porque desafían el sentido común. Lo ocurrido con una denuncia por presunto maltrato animal en Ticino es uno de esos casos que dejan la sensación de que el sistema funciona para que nada cambie.
Todo empezó con un grupo de proteccionistas que hizo lo que muchos no hacen: denunciar. Para eso primero tuvieron que atravesar otra postal habitual de la Justicia local: esperas de hasta cuatro horas en la Unidad Judicial para poder radicar una simple denuncia. El compromiso ciudadano, una vez más, chocó contra la burocracia.
La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de la Dra Juliana Companys, con intervención del Dr José Álvarez, ordenó un allanamiento. Allí se constató lo que los denunciantes habían advertido: animales en condiciones incompatibles con un bienestar mínimo. Perros permanentemente encadenados y gatos confinados en pequeñas jaulas, con conductas estereotipadas, un signo ampliamente reconocido de estrés y sufrimiento por el encierro prolongado.
Sin embargo, el criterio que terminó inclinando la balanza fue un certificado veterinario que indicó que los animales tenían agua, comida y no presentaban lesiones físicas visibles.
Y ahí está el error. Un veterinario puede evaluar la salud física de un animal, pero no el daño conductual o psicológico provocado por el maltrato. Esa es la función de un etólogo. Basar una decisión judicial en un certificado veterinario para descartar ese tipo de sufrimiento es consultar al profesional equivocado.
El problema es de competencias. Un veterinario está formado para evaluar la salud física de un animal. Pero cuando la discusión pasa por el daño conductual, el sufrimiento emocional o las secuelas del confinamiento permanente, quien posee la formación específica es un profesional de la etología animal. Son disciplinas distintas. Pretender que un veterinario determine el impacto psicológico de ese encierro es tan absurdo como pedirle a un carpintero que realice una cirugía.
Más llamativo aún resulta que, pese a haberse verificado las condiciones denunciadas, los animales no fueran secuestrados y quedaran en mismo lugar del procedimiento. La explicación oficial habla de un “monitoreo” para garantizar su bienestar. Sin embargo,ni bien se retiraron las autorides los animales volvieron a su estado inicial.
A eso se suma otro dato preocupante: el parte policial redujo el episodio a dos perros y dos gatos en buen estado de salud, cuando, según se ve en los videos, la cantidad de animales era considerablemente mayor. Un detalle que no parece menor y que merece una explicación.
La justicia tiene la obligación de investigar, pero también la responsabilidad de comprender aquello que investiga. Porque si el maltrato animal se limita a buscar sangre, fracturas o desnutrición, entonces miles de animales condenados a vivir encadenados o encerrados de por vida jamás serán considerados víctimas.
Y eso no es hacer justicia. Es mirar para otro lado.