Después de más de una década, la historia de los US$ 290 mil hallados en una caja de seguridad de la financiera CBI volvió a tomar impulso.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el sobreseimiento del ex intendente de Laguna Larga Fernando Boldú y ordenó profundizar una investigación que, lejos de cerrarse, mantiene abiertas las principales incógnitas.
La resolución recuerda que el entonces fiscal federal Enrique Senestrari sostuvo como hipótesis que ese dinero podía provenir de presuntos sobreprecios en obras públicas financiadas a través del Eninder, entre ellas la remodelación del Anfiteatro de Villa María y otras obras de infraestructura, como el Puente.
En ese contexto aparecen nuevamente los nombres del intendente Eduardo Accastello y la legisladora Verónica Navarro.
Según surge del expediente, Accastello estaba autorizado a operar la caja de seguridad donde fueron encontrados los dólares y, durante el procedimiento, se dejó constancia de la inscripción «llamar a Verónica», en referencia al teléfono de quien hoy es su esposa.
Si bien la causa por presuntos sobreprecios en las obras públicas fue cerrada en la Justicia Federal de Buenos Aires, la Cámara de Córdoba sostuvo que ese antecedente no alcanza para descartar otros posibles orígenes ilícitos del dinero. Por ese motivo ordenó continuar con la investigación, realizar peritajes pendientes y avanzar sobre todos los elementos que aún no fueron esclarecidos.
El mensaje del tribunal es bien claro: la Justicia considera que todavía no está explicado el origen de los US$ 290 mil. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, el expediente continuará abierto.