El 2 de septiembre de 2007, mientras Córdoba elegía gobernador, en Villa María ocurrió un episodio que quedó registrado como uno de los casos más insólitos de aquella elección. Otto Wester, entonces secretario de Gobierno de la Municipalidad durante la gestión de Nora Bedano, era fiscal general de Unión por Córdoba en la mesa 4.514 de la Escuela Bernardino Rivadavia. En pleno escrutinio, fue acusado de sustraer una boleta de Luis Juez y guardarla en uno de sus bolsillos.
El episodio no quedó en una discusión política. Iván Alan Billalba, un joven fiscal del juecismo, advirtió lo que estaba ocurriendo y lo denunció. Ante la intervención policial, Wester terminó exhibiendo una boleta de Juez arrugada. El presidente de mesa ordenó entonces contar nuevamente los sufragios y comprobó que faltaba uno. Lo que para algunos intentaron presentar como una simple “irregularidad” terminó transformándose en una causa judicial.
La dimensión institucional del episodio era evidente. El artículo 139 del Código Electoral Nacional establecía penas de uno a tres años de prisión para quien sustrajera, destruyera o sustituyera boletas durante el escrutinio. La causa llegó a la Justicia Electoral y el caso tuvo repercusión nacional por tratarse de un funcionario municipal acusado de manipular una elección desde el lugar que debía garantizar su transparencia.
Pero el desenlace fue bastante menos severo que la gravedad del hecho. Wester fue condenado y, entre las consecuencias impuestas, quedó inhabilitado para ejercer sus derechos políticos durante un año. También debía cumplir tareas comunitarias en la Escuela Granja “Los Amigos” de Villa María.
Hay algo más incómodo que la anécdota judicial: lo que ocurrió después. El episodio terminó ocupando un lugar secundario en la memoria política de la ciudad. Wester continuó desarrollando su carrera dentro del ámbito público y volvió a ocupar cargos municipales años después. En 2022, por ejemplo, ejercía como secretario de Planeamiento, Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria de la Municipalidad de Villa María, durante el gobierno de Martín Gill.
Diecinueve años después, el caso permite formular una pregunta que excede al propio Wester. ¿Qué significa para una democracia que quien fue condenado por sustraer una boleta durante un escrutinio pueda reconstruir su trayectoria política como si aquel episodio perteneciera a otra vida? El problema no es solamente el voto que desapareció de una mesa. Es la facilidad con la que el poder consigue que algunas cosas desaparezcan también de la memoria colectiva.