Hay dos clases de ciudadanos: los comunes y los que parecen vivir bajo un reglamento propio. Si cualquier vecino protagoniza un vuelco, abandona el vehículo y se retira del lugar, difícilmente vuelva a su casa sin consecuencias. Lo normal sería un control, una investigación y el secuestro del vehículo.
Pero cuando quien aparece involucrado es el camarista federal Abel Sánchez Torres, saltan los privilegios. ¿Por qué no hubo información oficial? ¿Por qué el caso trascendió por una investigación periodística y no por los canales institucionales?. Nadie quiere responder.
La inquietud es mayor porque no se trata de cualquier juez. Es el mismo magistrado que fue homenajeado por el intendente Eduardo Accastello en la Municipalidad de Villa María y que hoy integra el tribunal que deberá intervenir en la causa por los 290 mil dólares que involucra al propio Accastello y su señora, la legisladora Verónica Navarro. Además, enfrenta actuaciones en el Consejo de la Magistratura, por presunta corrupción.
Ya lo señalamos, y lo volvemos a remarcar: la Justicia no solo debe ser independiente; también debe parecerlo. Porque cuando un juez queda envuelto en situaciones que generan sospechas y, al mismo tiempo, debe resolver causas de fuerte impacto político, la confianza pública se resquebraja.
El accidente queda en segundo plano. El problema es la sensación de que, en Córdoba, algunos responden ante la ley… y otros parecen estar por encima de ella.