En política municipal existen temas que, aunque parezcan menores, terminan convirtiéndose en un símbolo. Y eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir en un barrio costero del noreste de Villa Nueva, donde un expediente administrativo amenaza con transformarse en la polémica del mes.
Todo comenzó con una obra de pavimentación impulsada por los propios vecinos bajo el sistema de iniciativa privada. El mecanismo es sencillo: los frentistas acuerdan la obra, eligen la empresa y afrontan colectivamente el costo del asfalto. En este caso, cada frente tendría un valor aproximado de $5,5 millones financiado en comodas cuotas.
Hasta ahí, nada fuera de lo habitual. El problema apareció cuando un reconocido empresario de Villa María —abogado, dueño de múltiples firmas y con residencia en Villa Nueva— decidió explorar una alternativa mucho más sofisticada: no pagar.
Según trascendió en ámbitos vecinales, el empresario tendría tres propiedades en el mismo barrio, todas registradas a nombre de su esposa. La suma total del aporte rondaría los $16 millones. Y es precisamente ahí donde aparece la ingeniería administrativa que hoy tiene indignados a muchos vecinos.
La ordenanza municipal contempla exenciones para personas que acrediten imposibilidad económica de afrontar determinadas obras. Para eso existe un estudio socioeconómico que evalúa ingresos, situación patrimonial y solvencia. El expediente, según pudo reconstruirse, habría sido presentado utilizando constancias de ingresos bajos correspondientes a la esposa del empresario, titular formal de los inmuebles.
El trámite ya ingresó oficialmente al municipio y se encuentra bajo análisis de Asesoría Letrada y del área social correspondiente. Finalmente será el intendente Ignacio Tagni quien tendrá la decisión política y administrativa final: otorgar o rechazar la exención mediante decreto.
La situación provocó un verdadero terremoto en el barrio. Porque mientras muchos vecinos hacen esfuerzos enormes para afrontar cuotas, refinanciaciones o créditos con tal de mejorar la infraestructura del sector, aparece la posibilidad de que uno de los patrimonios más importantes de la zona quede exceptuado del pago gracias a una interpretación quirúrgica de la normativa.
Y ahí es donde el asunto deja de ser jurídico para convertirse en político. Porque nadie discute que el Estado ayude a quien realmente no puede pagar. Lo que se discute es otra cosa: si una ordenanza pensada para proteger a sectores vulnerables puede terminar convertida en una herramienta para que quienes más tienen encuentren la manera de aportar menos. O no aportar.
El antecedente agrega todavía más ruido. Según comentan vecinos del sector, durante la gestión del ex intendente Natalio Graglia ya se habría otorgado una exención similar vinculada al mismo entorno.
Ahora todas las miradas apuntan al Boletín Oficial. Porque ahí quedará plasmado algo más importante que una simple exención tributaria: la señal política que el municipio decida enviarle al resto de los contribuyentes.
En definitiva, el debate de fondo es incómodo, pero inevitable: cuando el vecino común paga, ¿el más poderoso puede evitar no hacerlo?