El fiscal de Instrucción de 3° Turno, René Bosio tomó una decisión que, lejos de despejar dudas, las agrava.
Bosio, resolvió apartarse de todas las causas en las que interviene la abogada Teodora Perassi. Lo hizo después de quedar bajo sospecha en una denuncia que habla de acuerdos irregulares, dinero de por medio y maniobras por fuera de los carriles formales del proceso.
Hasta ahí, un movimiento esperable.
Lo que no resulta tan claro es el criterio.
Porque Bosio no se apartó de todas las causas vinculadas al conflicto. Eligió en cuáles sí y en cuáles no. Y en esa selección aparece un dato imposible de pasar por alto: continúa interviniendo en expedientes donde participa el abogado Marcelo Silvano, también mencionado en la denuncia de Perassi.
Silvano, ex Asesor legal de la Municipalidad de Villa Nueva y actual abogado de Natalio Graglia.
No es un detalle. Es el corazón del problema.
Si el apartamiento responde a preservar la imparcialidad, debería abarcar todo el universo atravesado por la denuncia. Si no, lo que queda es otra cosa: una decisión selectiva.
Y esa selectividad tiene consecuencias concretas: daña de muerte la credibilidad de la justicia local.
Una de las causas es por posibles facturas truchas en Villa Nueva. Hace once meses, el intendente Ignacio Tagni denunció un esquema de presuntas irregularidades que incluía facturación apócrifa por alrededor de 500 millones de pesos y un volumen total que podría alcanzar los 2.000 millones sin respaldo documental.
No es una causa menor. Es una bomba política y judicial.
Sin embargo, a casi un año de aquella presentación, la fiscalía de Bosio no informó avances sustanciales en la causa. No hay resultados visibles. Tampoco hay definiciones de fondo.
Lo único que trascendió es hacia dónde se orientó la investigación: el ex secretario de Obras Públicas, Carlos Alberto Piccolini, y la ex secretaria de Economía, Vanesa Ciarroca.
Funcionarios técnicos.
Pero no se avanzo sobre el ex intendente y actual funcionario provincial Natalio Graglia.
Y ahí la omisión pesa.
Porque si hubo facturas truchas, no eran papeles que circulaban solos. En la administración pública, ese tipo de documentación termina validada con la firma del intendente. No es un trámite menor. Ni un detalle administrativo.
Es una decisión.
Lo primero que se pregunta el vecino es: ¿por qué la investigación se detiene antes de llegar a la responsabilidad política?
Y en paralelo, otra igual de incómoda: ¿por qué el fiscal Bosio se aparta en causas donde interviene quien lo denunció, pero sigue al frente de expedientes donde aparece otro de los señalados?
No hay una explicación pública. Hay hechos.
Un fiscal cuestionado que elige de dónde correrse y dónde quedarse.
Una causa – que parece de simple resolucion – con un presunto perjuicio millonario para los villanovenses sin avances claros después de casi un año.
Y un sistema judicial que empieza a mostrar algo más preocupante que una denuncia: empieza a mostrar discrecionalidad.
Por lo que en Villa Nueva, ya no se discute solo una acusación. Se discute cómo se administra la justicia.