En política, los números rara vez son neutros. A veces sirven para explicar. Otras, para incomodar.
El regreso de Verónica Vivó al circuito económico vinculado al Estado municipal —tal como se señaló en la cronica de Soy Villa Nueva del sábado 25 de abril— abre ahora un frente más delicado: el patrimonial.
En un lapso breve —apenas cinco meses desde el inicio de su nueva actividad— aparecen movimientos que, como mínimo, desentonan con la escala del trabajo que se le atribuye; una especie de UBER. El esquema es conocido: vínculo con un ignoto proveedor sin trayectoria consolidada en el rubro de espacios verdes y tareas logísticas asociadas al traslado de personal.
Pero los hechos empiezan a correrse de ese relato.
En la ultima semana, Vivó comenzó a movilizarse en una camioneta nueva, una Fiat Titano. No es un detalle menor: se trata de un vehículo de alta gama, con un valor de mercado que oscila entre los 65 y 70 millones de pesos. En el ámbito local se la menciona como una adquisición reciente. Lo que no aparece, por ahora, es la información que permita verificar su titularidad ni el origen de los fondos.
El mismo patrón se repite en otro plano. Según información recabada, se habrían incorporado al nuevo emprendimiento dos tractores para tareas de desmalezado de arrastre, con un costo estimado en torno a los 30 mil dólares cada uno. Traducido: otros 80 a 90 millones de pesos.
La cuenta es sencilla. En cinco meses, el esquema acumularía movimientos que superan los 150 millones de pesos.
Ahí es donde el dato económico se vuelve político.
No se trata de discutir precios de mercado. Se trata de entender la lógica. ¿Qué actividad permite, en ese plazo, ese nivel de inversión? ¿Qué circuito financiero la respalda? No hay, hasta ahora, no hay respuestas verificables.
En ese vacío aparece una hipótesis que circula en el ámbito local: que la operatoria no estaría directamente a nombre de Vivó, sino que seria canalizada a través de testaferros. Como el negocio mismo. Es un dato sensible, no confirmado, pero relevante en la medida en que se vuelve más difusa la trazabilidad de los fondos.
A la vez, hay otro elemento que ordena el cuadro: las contrataciones. Según registros administrativos, este esquema habría accedido a fondos públicos mediante contratación directa, una herramienta legal pero excepcional, que reduce la competencia y exige mayores niveles de justificación.
En esta instancia, la pregunta deja de ser económica y pasa a ser institucional.
¿Cómo accede un ignoto proveedor sin antecedentes a contratos municipales millonarios? ¿Quién los valida? ¿Y bajo qué criterios?
Las respuestas no estan por ningun lado. Pero el flujo de contrataciones remite a una decisión política del Ejecutivo municipal que conduce el cuatro veces intendente Eduardo Accastello.
No hay, en esta instancia, una imputación. Hay algo más elemental: una secuencia de hechos que no terminan de cerrar.
Cuando los números no encajan, lo que está en discusión no es la matemática. Es la decisión política que los hizo posibles.