No todos los expedientes avanzan al ritmo de la prueba. Algunos toman otro camino. La causa por presunta facturación apócrifa durante el gobierno de Natalio Graglia en Villa Nueva, empieza a insinuar esa segunda categoría.
El dato inicial no surge del expediente, sino del ruido externo. Este fin de semana, La Voz del Interior reveló una denuncia que ya circula en ámbitos judiciales: el fiscal René Bosio habría intervenido en causas penales con un objetivo concreto, favorecer a determinados abogados —entre ellos Marcelo Martín Silvano— y, por esa vía, a sus clientes.
La acusación no es menor. Según testimonios incorporados en esa presentación, en una causa conocida como “Netflix” —un expediente por robo calificado— se habría exigido a imputados sumas cercanas a los 15 mil dólares por persona para “arreglar” su situación procesal. Un circuito informal que incluiría pagos al fiscal, a la querella y a otros actores del sistema.
Hasta ahí, el escándalo podría leerse como un episodio más en la larga saga de sospechas sobre el funcionamiento judicial. Pero en Villa Nueva aparece un dato que vuelve el cuadro más inquietante.
El abogado mencionado en esa denuncia, Silvano, no es un actor periférico. Es el defensor del ex intendente Natalio Graglia, del ex secretario de Obras Públicas Carlos Alberto Piccolini y de la ex secretaria de Economía Vanesa Ciarroca. Además, fue asesor legal de la Municipalidad durante las gestiones de Graglia.
Es decir: el mismo abogado señalado por presuntos vínculos indebidos con la fiscalía es quien representa a los principales implicados en la causa más sensible de la política villanovense.
Esa causa tiene una fecha de inicio precisa: el 21 de julio de 2025. Ese día, el actual intendente Ignacio Tagni denunció penalmente a la administración anterior por la presunta utilización de facturación apócrifa por unos 500 millones de pesos. No se trataba de una irregularidad menor. La acusación apuntaba al corazón del sistema de pagos del municipio.
Sin embargo, el desarrollo posterior del expediente muestra un desplazamiento llamativo, cuanto menos dudoso. El fiscal Bosio orientó la investigación hacia Piccolini y Ciarroca. Sobre ellos recayeron las medidas más intensas: allanamientos, secuestro de dispositivos, peritajes.
En cambio, Graglia quedó al margen de esas acciones iniciales.
No es un detalle técnico. Es una decisión que reconfigura el sentido del expediente. Porque Graglia no era un funcionario más. Era el intendente. La instancia final de validación de cada gasto, de cada circuito administrativo, de cada firma que habilitaba la salida de fondos públicos.
Dicho de otro modo: si existió un esquema de facturas truchas, alguien las hizo. Pero tambien, alguien las autorizó. Y ese alguien tenia nombre propio: Natalio Graglia.
La pregunta, deja de ser juridica para pasar a ser política.
¿Por qué una investigación que nace apuntando a lo más alto del poder administrativo, termina concentrándose en escalones intermedios como Ciarroca y Piccolini? ¿Se trata de una estrategia probatoria —ir de abajo hacia arriba— o de una decisión que evita llegar a la cima?
En este punto, el cruce con la denuncia difundida por La Voz del Interior introduce un elemento adicional de sospecha. Porque el abogado que hoy defiende a todos los involucrados, es el mismo que aparece mencionado en la denuncia contra el fiscal Bosio.
No se trata de establecer culpabilidades anticipadas. Se trata de observar patrones.
Un fiscal cuestionado por sus vínculos. Un abogado con múltiples defensas en una misma trama. Y una investigación que, por ahora, no llega al principal responsable.
En términos formales, todo puede encontrar una explicación. En términos políticos, el cuadro es más incómodo.
Ya lo dijimos en otras oportunidades, la Justicia no solo debe ser imparcial. Sino que debe parecerlo.
Y hoy, en Villa Nueva, esa apariencia empieza a resquebrajarse.