En los tribunales de Villa María hay algo más que ruido: hay una denuncia que incomoda. La fiscal Juliana Companys avanzó contra su par, el fiscal René Bosio, pero el punto de partida no fue interno. Fue externo. Y tiene nombre propio: la abogada Teodora Perassi.
Según pudo reconstruirse, la presentación de Companys se apoya en un expediente voluminoso —más de 80 páginas— que reúne la denuncia y los elementos aportados por Perassi, quien desde hace tiempo viene señalando presuntas irregularidades dentro del sistema judicial local. Testimonios, registros y una serie de episodios que, en conjunto, describen algo más que hechos aislados: un posible entramado.
La clave es que no se trata únicamente de Bosio. En la denuncia aparecen mencionados secretarios, funcionarios judiciales, jueces del fuero penal e incluso abogados del foro local. Sin embargo, el nombre de Bosio aparece como punto de inicio de la trama: el eje sobre el cual comienzan a ordenarse los hechos denunciados.
En este esquema, Companys no actúa en el vacío. Toma declaración a Perassi en reiteradas oportunidades, suma otros testimonios y termina dando forma a una presentación que, en los hechos, traslada el conflicto al corazón del propio Poder Judicial.
Hay otro dato no menor: la propia Companys también quedaría alcanzada, al menos en el contexto, por este supuesto sistema de relaciones cruzadas y presiones. Es decir, la denuncia no solo apunta hacia afuera, sino que expone tensiones internas en una estructura que, en teoría, debería investigarse a sí misma.
Por eso ahora el foco está puesto en lo que viene. Un fiscal no puede investigar a otro fiscal. Y en ese vacío, la resolución pasa a manos de instancias superiores, posiblemente fuera de Villa María.
Mientras tanto, la causa avanza con un dato inquietante: quien destapó el caso, Perassi, tiene custodia policial y asegura temer represalias. Una señal de época en un expediente que, si se confirma, no habla de un caso puntual, sino de un sistema.