La fiscal de Instrucción y Familia del 2° Turno de Villa María, Juliana Companys, fue notificada esta semana de la apertura de un sumario administrativo en su contra por haber participado del documental “El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe”, emitido por la plataforma Netflix. La medida fue dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba a través de su Secretaría de Sumarios Administrativos, por considerar que la entrevista fue concedida cuando el expediente aún se encontraba en etapa de instrucción.
Sin embargo, para muchos en el ámbito judicial y político, esta decisión no puede analizarse aisladamente del contexto en el que se mueve la fiscal: Companys hoy es una de las funcionarias judiciales más incómodas para el poder político local. Con un historial cargado de causas sensibles y decisiones que marcaron precedentes, ha demostrado que no le tiembla el pulso para avanzar incluso contra personajes con peso político.
Es la única fiscal que se animó a investigar y detener al ex funcionario municipal Jorge “Pampero” Barrera y la ex concejal Verónica Vivo involucrados en una causa de abuso sexual, aunque aun resta avanzar sobre el supuesto enriquecimiento ilícito que habría tenido la pareja ligada al peronismo villamariense. También ordenó la detención de la ex Auditora General de Villa María, Alicia Peressutti, por fraude a la administración pública, peculado, falsificación de instrumento privado y asociación ilícita. Y llevo adelante la investigación contra el ex intendente Martín Gill, en un expediente por presunta violencia de genero contra su ex pareja. Aunque la Cámara de Río Tercero evitó que el caso llegue a juicio —con una resolución que muchos califican de política— la fiscal sigue con la causa.
En este escenario, la entrevista a la productora Anima Films, que fue parte del guion del documental sobre Generación Zoe, parece más una excusa que un hecho aislado. La fiscal respondió ante cámaras con la misma naturalidad con la que lo hace a medios locales, dando contexto sobre una causa de altísima exposición pública, donde el principal imputado, Leonardo Cositorto, se convirtió en figura mediática. Las críticas contra su participación se basan en que la entrevista se habría realizado cuando la causa aún no contaba con una elevación firme a juicio, y por tanto, Companys debía haberse abstenido de brindar detalles.
No obstante, la funcionaria no recibió remuneración alguna por su participación, y lo cierto es que brindó declaraciones similares a las que había hecho anteriormente en medios locales sin que eso generara antes ninguna objeción institucional.
Desde Sumarios Administrativos sostienen que su conducta podría ser incompatible con el deber de reserva, decoro y prudencia que exige el cargo.
La apertura del sumario llega poco después de que otra causa vinculada a Generación Zoe fuera devuelta a su despacho por la Cámara del Crimen de Villa María, que exigió una reformulación del relato acusatorio. También coincide con la revelación de que Netflix trabaja en un nuevo documental sobre el crimen de Nora Dalmasso, que promete volver a encender el debate sobre causas judiciales que aun sigen impunes en la provincia de Córdoba.
En este contexto, la fiscal villamariense deberá presentar descargo, ofrecer pruebas y designar abogado defensor.