El escándalo por los asesores “invisibles” en la Legislatura de Córdoba sigue sumando capítulos preocupantes. Días atrás, desde Soy Villa Nueva revelamos que Franco Maximiliano Graglia, ex candidato a intendente por el oficialismo y hermano del actual subsecretario de Municipios Natalio Graglia, figura como contratado en la Unicameral sin que nadie lo haya visto cumplir tareas allí. Ahora, surge un caso similar que involucra a un viejo conocido del kirchnerismo local: Lucas Alejandro Pagliero.
Pagliero fue parte del círculo íntimo del intendente (que renuncio en medio de un escandalo) Martín Gill. Su rol como subsecretario de Descentralización Territorial y, luego, como secretario de Planeamiento, Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria en Villa María, lo posicionó como una de las piezas clave del equipo de gobierno. Incluso, su cercanía con Gill lo llevó a formar parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, durante el gobierno de Alberto Fernandez, acompañándolo en reuniones oficiales en Buenos Aires.
Pero ahora se descubrió que su nombre también figura entre los contratados por la Legislatura de Córdoba. Y, al igual que ocurre con Graglia Franco, empleados del recinto aseguran que jamás lo han visto en el edificio. No cumple funciones visibles, no se conoce área de desempeño, y no hay rastro de su participación en ninguna actividad legislativa. Simplemente, aparece en la nómina. Y cobra.
Intentamos acceder a información oficial sobre su salario, pero desde la Legislatura evitaron brindar datos precisos. Extraoficialmente, trascendió que los contratos de asesores oscilan entre los 500 mil y los 2 millones de pesos mensuales, según antigüedad, cargo y vínculo político. Todo pagado, claro, con dinero publico. Con dinero de los contribuyentes.
La situación plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Cuántos casos como los de Franco Graglia y Lucas Pagliero hay en la Legislatura? ¿Cuántos empleados “fantasma” se esconden detrás de un sistema opaco, sin rendición de cuentas ni control efectivo?
La reciente publicación –forzada por una acción judicial iniciada por La Voz del Interior– de la nómina de contratados solo arrojó más sombras que certezas. Se sabe cuántos son, pero no qué hacen. No hay organigrama. No hay funciones detalladas. No hay responsables visibles. Todo parece diseñado para la discrecionalidad y el acomodo político.
Lo cierto es que, mientras muchos cordobeses viven con salarios ajustados por la inflación y enfrentan recortes en áreas sensibles del Estado, algunos privilegiados logran “refugiarse” en cargos legislativos sin siquiera poner un pie en su lugar de trabajo. Y lo hacen con total impunidad.
La Legislatura de Córdoba debería ser un ejemplo de institucionalidad y transparencia. Hoy, lamentablemente, parece más bien una usina de contratos cruzados, favores personales y sueldos injustificables.