Este fin de semana, desde Soy Villa Nueva inauguramos una nueva sección para anticipar algunos informes. La bautizamos “El Enigmático de la Semana”. Y el primero tiene todos los condimentos de la vieja política que tanto dicen combatir, pero que algunos practican con entusiasmo cuando los negocios rozan a los propios.
El “enigmatico” en cuestión fue autoridad del Partido Villamariense, el mismo espacio con el que el concejal Manuel Sosa compitió en las últimas elecciones municipales. Hasta ahí, una coincidencia política. Pero el problema empieza cuando quien direcciona obras hacia la “cooperativa” vinculada a este personaje, es otro viejo conocido del universo político de Sosa: un actual funcionario que supo militar junto a Raúl Costa en las campañas de 2007 y 2011 y que, además, tiene registros periodísticos denunciando presuntos hechos de corrupción durante gestiones anteriores de Eduardo Accastello.
Qué curioso. Cuando los negocios pasan por los ajenos, aparecen los paladines de la transparencia: Sosa y Romero. Pero cuando los nombres propios empiezan a ser amigos, compañeros o ex socios políticos, sobreviene una extraña epidemia de silencio selectivo.
Porque eso fue lo más llamativo de este caso: el mutismo absoluto del espacio de Manuel Sosa y del tribuno Maximiliano Romero. Ninguna explicación. Ningún pedido de informe. Ninguna denuncia. Ninguna conferencia. Ningun videito en las redes. Nada. Como si el “control” y la “lucha contra la corrupción” fueran valores que aplican únicamente para los demás.
Y quien salió con los tapones de punta, demostrando una ignorancia supina respecto de la relevante labor del periodismo independiente, fue el propio Manuel Sosa. Molesto porque este medio expuso las contradicciones de su espacio, decidió mandar a los periodistas a “hacer la denuncia en la Justicia”.
Una respuesta extraordinaria.
Sobre todo viniendo de alguien que cobra más de 4.1 millones de pesos mensuales para legislar, controlar y eventualmente denunciar. Porque esa es la función de un concejal. No hacerse el panelista opositor en redes sociales, ni actuar como comentarista de actualidad. El cargo trae obligaciones concretas: legislar, controlar, y denunciar si corresponde.
Pero claro… ahí aparece el verdadero problema.
Lo que le molesta verdaderamente a Sosa, es que desde este humilde medio, le remarquemos sus pifies y contradicciones permanentes. Dice una cosa y vota otra. Se presenta como outsider y termina defendiendo mecanismos clásicos de la vieja política que supuestamente combate. Primero aseguraba que no tenía residencia en Villa Nueva; después, cuando sus propios vecinos comenzaron a apurarlo en redes sociales, terminó admitiendo que duerme en esta ciudad.
También acusó a este medio de ser “pauta dependiente”. Una grave acusación. Pero cuando le pedimos que mostrara una sola factura que respaldara semejante afirmación —documentación que, casualmente, podría estar al alcance del tribuno Romero— no presentó absolutamente nada.
Porque no existen.
Es parte de la vieja política sembrar sospechas aunque después la realidad los deje desnudos frente a la evidencia.
Sosa también intenta construir una imagen de opositor feroz al accastellismo. Sin embargo, militó junto al ex intendente Martín Gill y acompañó varios de los proyectos más polémicos de aquellas gestiones. Entre ellos, la entrega del Salón de los Deportes y de la histórica Plaza Ocampo. ¿La cobarde explicación? Que actuaba bajo el mandato de un club deportivo del cual era presidente. Una defensa que, además de débil, confirma exactamente lo contrario de lo que intenta aparentar: que la política y los intereses sectoriales muchas veces terminan mezclándose peligrosamente.
Y llegamos al capítulo más extraordinario de todos.
Sosa asegura haber realizado innumerables denuncias por presuntos hechos de corrupción durante la gestión Accastello. Lo afirma con énfasis, casi con tono épico. El problema es que nadie vio jamás esas denuncias. No por miopía colectiva, sino porque aparentemente viven en una dimensión paralela.
En reiteradas oportunidades este medio le pidió copias de esas presentaciones judiciales que invoca permanentemente. Y siempre, hubo evasivas. Silencios. Excusas. No faltará oportunidad para que diga que se las comió el perro.
Mientras tanto, el espacio “Uniendo Villa María” embolsa mensualmente cerca de 20 millones de pesos entre concejalías, tribunal de cuentas y estructuras administrativas. Y aun dentro de ese esquema reducido aparecen apellidos repetidos como el de los Sosa. Nepotismo en escala mini, pero nepotismo al fin.
Entonces surge una pregunta inevitable: si los periodistas debemos ir a denunciar a la Justicia cada vez que observamos algo sospechoso, ¿en concepto de qué los vecinos sostienen con millones de pesos mensuales a dirigentes que dicen controlar pero cuando los casos rozan a los propios eligen mirar para otro lado?
Quizás el problema no sea el periodismo.
Quizás el problema sea que algunos se acostumbraron demasiado a una oposición cómoda, declarativa y marketinera. Mucho discurso, mucha pose republicana, muchas publicaciones indignadas… pero cuando llega la hora de mostrar papeles, denunciar de verdad o incomodar a los amigos, sobreviene el silencio.
Ese silencio que, curiosamente, hace más ruido que cualquier denuncia.