En los tribunales de Villa María empieza a circular una hipótesis que, aunque nadie confirma en voz alta, tampoco desmienten del todo: el fiscal René Bosio podría estar ante el cierre anticipado de su carrera.
El fiscal general Carlos Lezcano mantiene bajo análisis su situación, en el marco de una investigación que lo ubica en el centro de denuncias por presuntas maniobras de corrupción, coacción y manipulación de causas penales. En ese contexto, aparecen dos escenarios posibles: enfrentar un jury de enjuiciamiento o acceder a una jubilación anticipada. Y, en las últimas horas, la segunda opción empezó a ganar volumen.
La jubilación, en este caso, no se presenta como un trámite administrativo más. En el lenguaje discreto de los pasillos judiciales, se la describe como una salida posible para evitar un proceso institucional más largo, más expuesto y de resultado incierto. Bosio supera los 60 años y, según fuentes cercanas al caso, su margen de defensa ante un eventual jury no sería sencillo.
El expediente que lo involucra se desprende de una investigación impulsada por la fiscal Juliana Companys, a partir de una denuncia presentada por la abogada Teodora Perassi, detenida días atrás junto a su marido en otra causa.
La presentación judicial describe una presunta red de acuerdos irregulares dentro del sistema penal local, con menciones a negociaciones económicas, pagos a víctimas e intermediaciones en instancias sensibles del proceso penal.
En ese marco, Bosio aparece señalado como una figura central dentro de un entramado mayor que aún se encuentra bajo análisis judicial.
El caso también alcanza al abogado Marcelo Silvano, defensor del ex intendente Graglia, quien rechazó las acusaciones y cuestionó las filtraciones del expediente, aludiendo a una posible violación del secreto de sumario. Además, sugirió que el avance de la causa podría no ser ajeno a otras investigaciones que involucran a la propia fiscal Companys, lo que suma tensión a un escenario ya atravesado por recelos cruzados.