El inicio del ciclo lectivo 2026 en Córdoba quedó atravesado por una fuerte controversia que expone las prioridades presupuestarias del gobierno provincial.
Mientras los docentes mantienen un conflicto salarial y denuncian que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos, la gestión del gobernador Martín Llaryora quedó bajo cuestionamiento por los millonarios contratos de seguridad privada en escuelas públicas.
El debate se encendió luego de que trascendiera que la empresa M3 SRL, dedicada a vigilancia privada, habría recibido más de 4.000 millones de pesos durante 2025 por tareas de custodia en establecimientos educativos de la provincia. El dato surgió a partir de un pedido de informes presentado en la Legislatura cordobesa, que reclama precisiones sobre el alcance de estos contratos, su modalidad de adjudicación y el listado de escuelas alcanzadas por el servicio.
La polémica adquiere mayor dimensión en el contexto de crisis salarial que atraviesa el sector docente. Un relevamiento del gremio educativo provincial reveló que el 45% de los maestros necesita tener un segundo empleo, mientras que el 71% de las familias docentes asegura que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. Además, el 78% debió recurrir a préstamos o ahorros para afrontar gastos cotidianos, un indicador que grafica el deterioro del poder adquisitivo en el sector.
En ese escenario, legisladores opositores cuestionaron el destino del gasto público. El radical Miguel Nicolás fue uno de los que impulsó el pedido de explicaciones al Ministerio de Educación, planteando una pregunta incómoda para el oficialismo: por qué se destinan miles de millones a empresas privadas de vigilancia mientras existen conflictos salariales y cargos docentes en discusión.
Las críticas también apuntan a la lógica de tercerizar la seguridad escolar cuando la provincia ya cuenta con fuerzas policiales, sistemas de monitoreo público y autoridades institucionales en cada establecimiento. Para algunos sectores políticos y gremiales, la expansión de estos contratos podría representar un proceso de privatización indirecta de funciones que históricamente fueron responsabilidad del Estado.
El caso también abrió dudas sobre la empresa beneficiada. M3 SRL, creada en 2018, experimentó un crecimiento acelerado en su facturación con el Estado provincial en los últimos años, pasando de contratos relativamente menores a recibir miles de millones de pesos por servicios de vigilancia en escuelas y otros organismos públicos.
Por ahora, el gobierno provincial no brindó explicaciones detalladas sobre el volumen total de los contratos ni sobre los criterios utilizados para su adjudicación.