El concejal de Uniendo Villa María, Manuel Sosa, volvió a recurrir a su estrategia habitual de comunicación política: videos para redes sociales, esta vez con actores incluidos.
En esta oportunidad, el edil anunció la presentación de un proyecto de ordenanza que busca obligar a que las obras públicas de la ciudad exhiban carteles con información detallada sobre el monto de la obra, la empresa adjudicataria, el plazo de ejecución y la fuente de financiamiento, además de incorporar a universidades y colegios profesionales en el control de los trabajos.
El planteo, en términos discursivos, apunta a una demanda legítima: mayor transparencia en la obra pública. Sin embargo, el contraste entre la puesta en escena mediática y el ejercicio real de las funciones de control vuelve a quedar en el centro del debate político local.
Como concejal, Manuel Sosa percibe una dieta de 4.1 millones de pesos mensuales para cumplir con tres responsabilidades básicas: legislar, controlar y, cuando corresponde, denunciar irregularidades ante la Justicia. Sin embargo, en más de dos años de gestión del intendente Eduardo Accastello, ninguna de las denuncias por presunta corrupción que circularon en el ámbito mediático terminó formalizada en los tribunales locales por parte del edil o de su espacio.
Paradójicamente, el propio bloque cuenta con un tribuno de cuentas, Maximiliano Romero, figura institucional creada precisamente para fiscalizar la administración municipal. Ese instrumento, que podría canalizar observaciones o irregularidades hacia la Justicia, parece quedar relegado frente a la lógica de la denuncia mediática o del contenido para redes sociales.
Las contradicciones también aparecen en el plano legislativo. En más de una oportunidad, Manuel Sosa cuestionó públicamente decisiones del oficialismo que luego terminó acompañando con su voto en el recinto. Uno de los casos más citados es el de la autorización para el tendido de internet en barrio Ramón Carrillo, donde un privado fue beneficiado con el uso de ductos municipales. El concejal calificó inicialmente la operatoria como “poco transparente, negociado, capitalismo de amigos”, aunque finalmente votó a favor de la iniciativa.
A esto se suma otro silencio llamativo: su falta de pronunciamiento sobre la auditoría a la gestión del ex intendente Martín Gill, de cuya campaña fue un activo militante y con cuyo espacio compartió recientemente trabajo político en las elecciones legislativas pasadas, junto a Natalia De La Sota. Esa auditoría derivó en una denuncia penal que actualmente se encuentra «durmiendo» en la fiscalía de René Bosio, sin que el edil haya fijado posición pública al respecto.