La inminente llegada de Orlando Arduh a la Defensoría del Pueblo de la Provincia vuelve a poner sobre la mesa un debate que en Córdoba se repite desde hace años: el verdadero rol de un organismo que, lejos de consolidarse como una herramienta efectiva para la defensa de los ciudadanos, terminó convertido en una estructura política funcional al poder de turno.
La Defensoría del Pueblo provincial arrastra desde hace más de dos décadas un problema de origen. Si bien formalmente debería actuar como un organismo autónomo de control y protección de derechos, en la práctica su conducción ha estado ligada a sectores del radicalismo que mantuvieron vínculos estrechos con el oficialismo provincial. Esa lógica transformó a la institución en una especie de “zona gris” del sistema político cordobés: un espacio que conserva fachada institucional, pero cuya incidencia real en la resolución de conflictos ciudadanos es, como mínimo, discutible.
En ese contexto, el desembarco de Orlando Arduh no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un mecanismo político ya conocido: el reciclaje de dirigentes dentro del mismo esquema de poder. Arduh no llega como un técnico ni como una figura vinculada a la defensa de derechos, sino como un dirigente con trayectoria partidaria, militancia interna y vínculos con distintas estructuras de poder provincial.
Su recorrido político explica buena parte de las críticas que hoy resurgen. Durante su paso por la Legislatura, Arduh fue uno de los legisladores que defendió públicamente el uso de autos oficiales de alta gama para funcionarios, en medio del escándalo que estalló tras el caso del ex legislador Oscar González, que puso bajo la lupa los privilegios de la política cordobesa. Mientras gran parte de la sociedad reclamaba austeridad y transparencia, Arduh eligió justificar ese sistema.
Pero ese no fue el único episodio controvertido. También fue uno de los votos que permitió avanzar con la legalización del juego online en la provincia, una decisión que contó con el acompañamiento de dirigentes como el villamariense Darío Capitani. Hoy, los efectos de esa política empiezan a ser visibles: especialistas y organizaciones sociales advierten sobre el crecimiento de la ludopatía, especialmente entre adolescentes, en un contexto donde las apuestas digitales se volvieron cada vez más accesibles.
Más recientemente, ya dentro del esquema de gobierno de Martín Llaryora, Arduh se desempeñó como secretario de Cooperación Institucional, un cargo desde el cual actuó como articulador político entre la Provincia y distintos intendentes radicales. Entre ellos, el de Villa Nueva, Ignacio Tagni, con quien comparte una historia política común en el mestrismo radical.
Más que un simple cambio de funciones, el traslado de Orlando Arduh expone una práctica que atraviesa a la política cordobesa desde hace años: utilizar organismos de control como refugio para dirigentes con trayectoria partidaria, reforzando estructuras que funcionan más como engranajes del poder que como verdaderas herramientas al servicio de la ciudadanía.