Una reveladora nota de la periodista de Perfil, María Ester Romero, puso luz sobre la causa por la cual fue detenida el pasado 1 de septiembre la ex Auditora General de Villa María, Alicia Peressutti, junto a la intendente electa de Ballesteros, Graciela Sánchez, y Lorena Pinta, todas ellas aprehendidas por orden de la fiscal Juliana Companys.
Sin embargo, cuatro días después, la jueza de Control María Soledad Dottori, sorpresivamente resolvió la excarcelación de las tres, aunque esta decisión ya fue apelada. Las tres mujeres enfrentan graves cargos, incluyendo asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, peculado de servicios y falsificación de instrumento privado.
La investigación se centra en los contratos que vincularon a las asociaciones Nazareth y Mama Antula con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia de Córdoba, presunta víctima de las irregularidades. El problema no radica en la firma de los convenios, que aparentemente cumplían con la normativa, sino en las rendiciones de gastos. Se sospecha que se presentaron facturaciones falsas por servicios no prestados o compras que nunca se llevaron a cabo.
Mama Antula, admitida por el Ministerio de Justicia de la Provincia en 2021, formaba parte del Programa Organismo de Gestión Asociada (OGA) de la Senaf, destinado a brindar apoyo a niños y adolescentes en situación vulnerable. Sin embargo, existen pruebas de que Mama Antula recibía donaciones de terceros, lo que plantea interrogantes sobre la autenticidad de sus gastos justificados con facturas que serian apócrifas.
La investigación se intensificó cuando se descubrieron conversaciones comprometedoras en el teléfono personal de Ernesto Lazarte, detenido por presuntos abusos sexuales. Estas conversaciones implicaban a Alicia Peresutti en la solicitud de facturas fraudulentas, lo que llevo a la fiscal Companys a cuestionar la legitimidad de los comprobantes presentados.
Además, se revelo otro aspecto controvertido en la investigación: un contrato que Peressutti habría solicitado a un empleado municipal para la Defensoría del Pueblo, pero en lugar de trabajar allí, le ordenó realizar tareas de operario en Casa Nazareth, con el salario pago por el municipio.
Las funciones administrativas de Graciela Sánchez y Lorena Pinta en Nazareth también han sido objeto de investigación, ya que estaban autorizadas a manejar fondos de la ONG y debían rendir cuentas a Senaf. Cuando se realizaron allanamientos y se confiscó documentación, el Ministerio de Justicia decidió reubicar a 13 niños y niñas que se encontraban alojados en Nazareth.
La investigación revelo una conexión interesante entre las asociaciones Nazareth y Mama Antula. Nazareth, que enfrentaba dificultades económicas, recibió ayuda de Alicia Peressutti para crear Mama Antula en 2021. Ambas organizaciones operaban en edificios cercanos, lo que sugiere que Mama Antula podría haberse creado para absorber contratos independientemente de Nazareth.
Los nombres de las autoridades de Mama Antula también plantean dudas, ya que algunos de ellos son familiares cercanos de Peresutti. La presidenta de Mama Antula es Graciela Santina Sánchez (imputada en la causa); el vicepresidente es Juan Manuel Barrera y el revisor de Cuentas es Gino Picatto, la pareja y el hijo de Peressutti, respectivamente. Lorena Pinta aparece como tesorera y es la expareja de Lazarte.
La investigación continúa, y la costosísima defensa de Alicia Peressutti, a cargo del abogado Darío Vezzaro, quien habría cobrado por sus servicios la friolera cifra de 50 mil dolares, espera la fecha de su indagatoria para presentar su versión de los hechos. Mientras tanto, Peresutti denuncio públicamente un “ensañamiento” en su contra y hasta insinuó que su detención se debe a cuestiones “políticas”.