Desde Soy Villa Nueva venimos contando el caso de Leandro Bussolino, el funcionario municipal que protagonizó un accidente de tránsito, dejó a un trabajador con daños en su motocicleta y, hasta el momento, no respondio a los reclamos por la reparación. Ahora, en lugar de resolver el perjuicio ocasionado, acudió a la Fiscalía del Dr. René Bosio porque asegura sentirse “difamado”.
La secuencia es simple: el damnificado reclama, envía cartas documento y no obtiene respuesta. Las publicaciones exponen el caso con documentación respaldatoria y el funcionario pone el foco en quienes lo cuentan. El problema de Bussolino, no sería el accidente en si, sino que el accidente se conozca.
El hecho ocurrió el 24 de junio, en calle San Juan, entre General Paz y José Ingenieros. Bussolino conducía una Honda Biz blanca, dominio A041EUU, que, según la documentación relevada, no tenía seguro vigente. El trabajador sufrió daños en su motocicleta, una herramienta indispensable para ganarse la vida.
Pero hay un dato todavía más delicado. En la denuncia presentada al día siguiente por Bussolino ante Río Uruguay Cooperativa de Seguros no aparece la Honda Biz involucrada en el accidente, sino una Keller Business 110, patente A021PLM, propiedad de Marisa Isabel Gauna, madre del funcionario.
Dos motos distintas: una habría protagonizado el choque sin cobertura vigente; la otra, con cobertra, de su madre, aparece en la denuncia ante la aseguradora. Situacion que constituye una tentativa de estafa a la compañia. La denuncia también señala que no hubo intervención policial ni de Bomberos.
Mientras tanto, el damnificado reclamó los daños y envió cartas documento sin obtener respuesta.
Primero, el reclamo quedó sin respuesta, es decir Bussolino no pago los daños ocasionados. Después, denuncio por supuesta difamación. En ese orden de los acontecimientos, el funcionario de Accastello, reclama explicaciones.
La contradicción también alcanza al municipio. Cuando trascendió el caso, Guadalupe Vázquez, titular del área de Tránsito de Villa María, negó públicamente el vínculo de Bussolino con la Municipalidad y advirtió que enviaría cartas documento. Sin embargo, luego apareció el Decreto N.º 444/2026, que dispuso el pase de Bussolino al cargo de Inspector de Defensa Civil, categoría 10.
Al pie del decreto figuran las firmas de Vázquez, Marcos Bovo y Eduardo Accastello. El documento oficial pone en evidencia la contradiccion de Vázquez.
A esto se suma que Bussolino es amigo del hijo menor de Accastello y Nora Bedano. Esa cercanía alimenta el contexto político en el que se desarrolló el episodio.
Ahora llega el capítulo más insólito. Según trascendió, Bussolino acudió a la Fiscalía de René Bosio porque se considera “difamado”. También se afirma que, tras examinar las publicaciones, la Fiscalía no habrían encontrado elementos que respalden su planteo. Esa información, aun requiere confirmación oficial.
Desde luego, cualquier ciudadano puede acudir a la Justicia si considera vulnerados sus derechos. Pero la libertad de expresión protege la publicación de asuntos de interés público, sobre todo cuando involucran a funcionarios y documentos que plantean interrogantes legítimos.
La cuestión aqui, es otra, el funcionario parece más preocupado por las publicaciones que por aclarar los hechos que las originaron.
Bussolino tiene derecho a defender su honor. Como el trabajador también tiene derecho a reclamar los daños sufridos. Y la sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió, por qué una motocicleta sin seguro aparece en el accidente y otra distinta en la denuncia al seguro. Ampliaremos.