La decisión de la Cámara Federal de Córdoba de revocar el sobreseimiento de Fernando Boldú no sólo reabre el expediente por el presunto lavado de los 290 mil dólares hallados en CBI.
También vuelve a colocar en el centro de la escena al intendente Eduardo Accastello y su pareja, la legisladora Verónica Navarro, mencionados en la investigación por distintos elementos que la propia Cámara ordenó profundizar.
El tribunal advirtió que aún quedan medidas de prueba pendientes y cuestionó que la investigación se haya cerrado sin agotar hipótesis relevantes.
Entre ellas, pidió esclarecer por qué Accastello, quien figuraba únicamente como autorizado para operar la caja de seguridad, prestó conformidad para la devolución del dinero, y también dispuso profundizar el análisis sobre la referencia “llamar a Verónica” encontrada en el cofre, correspondiente al teléfono de Verónica Navarro.
Mientras la atención pública se concentró en Boldú, la resolución de la Cámara deja en claro que la investigación sobre el origen de los fondos todavía está abierta y que existen interrogantes que la Justicia considera pendientes de respuesta.
En un expediente que lleva más de una década, el dato político es evidente: la historia de los 290 mil dólares está lejos de haber terminado.