El proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Eduardo Accastello para reemplazar la normativa vigente sobre protección animal comenzó a generar fuertes cuestionamientos antes de su tratamiento en el Concejo Deliberante.
Si bien la iniciativa incorpora aspectos valorados, como la prohibición del sacrificio como método de control poblacional, la regulación de paseadores y la creación de una plataforma para mascotas perdidas, también contiene artículos que despiertan enorme preocupación.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 50, que prohíbe alimentar o brindar cobijo a animales comunitarios en la vía pública, una medida que podría derivar en sanciones para vecinos que realizan esa tarea de manera solidaria.
El proyecto también establece un Registro Municipal obligatorio para perros, gatos y caballos, fija límites a la cantidad de animales por vivienda y mantiene la habilitación de criaderos bajo regulación, en lugar de avanzar hacia su prohibición.
A ello se suma el cambio de nombre del CAM por un nuevo Centro de Zoonosis y Salud Animal, una decisión que distintos sectores consideran más vinculada a una estrategia de marketing político que a una transformación concreta de la política pública.
Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una modernización de la legislación vigente, las críticas apuntan a que el proyecto incorpora mayores controles y obligaciones para los vecinos, pero no establece con claridad cómo se financiarán las políticas necesarias para enfrentar el abandono y el maltrato animal en la ciudad.